La Comisión de la Cámara de Senadores que investiga la trama delictiva de la mafia de los pagarés presentó su segundo informe ante la Mesa Directiva en la que expuso en detalles los últimos descubrimientos que encontraron en el esquema judicial-empresarial, que involucra además a los ministerios y al Banco Nacional de Fomento (BNF).
El senador Rafael Filizzola mencionó que son ya 6.600 personas las registradas como víctimas de la mafia de los pagarés y que muchas de ellas tienen ocho embargos en promedio.
El 70% de las víctimas son mujeres y el 30%, hombres. Incluso, del total, el 87% de los afectados son del interior del país, detalla el informe.
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La comunidad indígena también es gravemente afectada, según el reporte, específicamente son docentes que tienen 14 embargos en promedio.
El calvario de las víctimas
Precisó Filizzola que mientras el porcentaje de víctimas que son de Asunción y Central es bajo y que el 100% de los juicios siguen siendo en la capital y los que no son de ahí deben trasladarse.
“Entonces, tenemos víctimas que desde el primer momento están en desventaja porque deben acudir a litigar a Asunción y Central. Son personas que vienen de 500, 600 o más kilómetros, y personas que ya no reciben luego nada de dinero (de sus salarios)”, dijo Filizzola.
“El problema en términos reales es gente que no tiene dinero y aparte debe venir del Chaco u otro lugar de la República, no les entregan los documentos, tienen que quedarse, volver y después regresar a Asunción”, lamentó.
“Se les gana por cansancio a estas personas, están en indefensión”, afirmó el congresista.
G. 2,2 billones en embargos judiciales
Según los datos que expuso la Comisión, encontraron 333.005 juicios ejecutivos que están padeciendo las miles de víctimas, lo que significa en guaraníes 2,2 billones (USD 314 millones) que son descontados de manera compulsiva por embargos.
De entre todos los juzgados involucrados, son cinco específicamente donde se concentran la mayor cantidad de juicios ejecutivos, que son los juzgados de Paz de la Encarnación (31%), Catedral, Recoleta, San Roque y Villa Morra.
El 64% de los funcionarios afectados son docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, el 16,4% del Ministerio de Salud, el 3,5% del IPS, el 2,7 del Hospital de Clínicas y el resto, el 13% son trabajadores de otras 51 instituciones públicas y privadas.
Los hallazgos
La Comisión expuso que existe un llamativo volumen de descuentos automáticos sobre los salarios de funcionarios activos y jubilados aplicados en las giradurías institucionales.
En las diferentes instituciones se hacen los débitos del sueldo sin verificación documental, ya que con una simple planilla son ejecutados para el descuento mes a mes.
Los descuentos son realizados vía asociaciones, por medio de instituciones y el Banco Nacional de Fomento, “que no devuelven los pagarés a las víctimas con el fin de poder usarlos en una siguiente demanda”.
Incluso, para desautorizar el descuento es todo un calvario. “Es imposible”, lamentó el senador Filizzola, porque se les deniega revocar la autorización de que les sigan descontando.
“La persona se estrella contra una muralla cuando dice ‘esto que me están descontando, ya no autorizo más’. Se vulneran totalmente la libertad y el derecho que tiene la persona a disponer de su salario. Usan al Estado como cobrador”, afirmó el senador, respecto a la función que juega la Justicia paraguaya en la trama extorsiva y corrupta.
