30 oct. 2025

Tener mayoría en el Congreso no justifica el abuso de poder

Hace apenas ocho meses, la bancada cartista del Senado y sus aliados modificaron el reglamento interno de la Cámara para que la elección del presidente del Parlamento Nacional se lleve a cabo en diciembre y que el mandato se prolongue por dos años. Con dicha decisión, Basilio Núñez debía presidir la asamblea hasta 2027. Ahora, en una nueva maniobra, que habla a las claras de abuso de poder, la mayoría colorada ha decidido designar a Núñez como presidente del Congreso hasta el año 2028.

Lo que está sucediendo actualmente en el Congreso Nacional encarna precisamente uno de los principales temores que se manifestaron hace dos años, tras las elecciones generales.

En las elecciones del 30 de abril de 2023, el Partido Colorado obtuvo una contundente victoria, con un resultado que no solo le dio la Presidencia de la República, sino que le otorgó mayoría propia en la Cámara de Senadores y de Diputados. El resultado hablaba de un panorama favorecedor para el titular del Ejecutivo, pues tendría gobernabilidad. Al mismo tiempo, el escenario no se presentaba tan prometedor para la oposición, que quedó absolutamente debilitada tras las elecciones.

Lo que no se esperaba es que la aplanadora colorada tuviera tan escasa vocación democrática ni tanta vocación autoritaria, lo cual para un país como el nuestro, con tan escaso currículum democrático resulta sumamente peligroso.

En el Paraguay se ha perdido el balance de fuerzas políticas, pues la mayoría colorada del Parlamento no dialoga, no negocia ni es razonable a la hora de tomar las importantes decisiones. Lo más grave es que también está en riesgo el equilibrio entre los poderes del Estado, ya que de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Nacional, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio, mientras el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Control que con el copamiento de la ANR se está viendo seriamente cuestionado, pues detentar la mayoría implica una responsabilidad muy grande en política.

La Constitución es clara cuando afirma que ninguno de los poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público y que “la dictadura está fuera de la ley”. Por eso, resulta tan preocupante que la bancada cartista repita una maniobra de evidente abuso de poder.

Usar una mayoría para cambiar las reglas para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por segunda vez en apenas ocho meses, se acerca demasiado a una vocación autoritaria. Este tipo de imposiciones configura, sin duda, un abuso de poder ya que apunta a beneficiar a un grupo determinado, en desmedro de las minorías. Este es un antecedente no solo desafortunado, sino también y sobre todo peligroso pues es la confirmación de que una mayoría puede actuar de manera prepotente para sancionar leyes sin debate alguno o para proteger y blindar a quienes integran esta mayoría.

La decisión de cambiar el reglamento, por segunda vez en ocho meses, para asegurar la presidencia del Congreso Nacional al senador colorado cartista Basilio Bachi Núñez hasta el año 2028 es una decisión que no se basa en ningún argumento razonable. Y sobre todo, es un triste recordatorio de las reelecciones que renovaban el poder del dictador Alfredo Stroessner cuando se levantaba el Estado de sitio por un día para que los paraguayos fueran a “votar” nuevamente por el dictador.

Debe quedar claro que tener el control de votos en el Congreso no justifica el abuso de poder, como lo está normalizando la bancada cartista para ajustar los reglamentos a su particular conveniencia. Puede que la decisión sea legal, pero eso no la convierte en legítima; puede que la decisión que han tomado la expliquen desde un nivel político pero deben saber que le están causando un grave daño a la institucionalidad del país de la República.

El Paraguay necesita que su clase política actúe con madurez y con responsabilidad, anteponiendo por encima de todo otro interés, el bienestar del pueblo paraguayo.

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