La Penitenciaría Nacional de Tacumbú se encuentra en el corazón de Asunción, en el barrio que le da su nombre, según las propias autoridades; sin embargo, por su infraestructura, el sistema de seguridad y de funcionamiento y la corrupción, sigue siendo una bomba de tiempo que hoy más que nunca está a un paso del estallido.
En el 2020, ya hablaba de esta urgencia la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien afirmaba que esta cárcel debe cerrarse por seguridad y para evitar más corrupción. Empezar de cero, era la idea, ya que, como deuda constitucional, los condenados deben estar separados de los que recién tienen un proceso penal. Incluso, había conversaciones con el Ministerio de Urbanismo y Hábitat (MUVH) sobre el proyecto de la franja costera que estaría entrando al Bañado Sur y que incluía Tacumbú, la Penitenciaría Industrial Esperanza (UPIE) y la Granja Ko’ê Pyahu.
Por este motivo, se hablaba de un futuro traslado de estos penales a otras zonas. Pérez había hecho hincapié en dar un blindaje al proyecto, “que se basaría en la concesión de estos terrenos para el desarrollo de proyectos del MUVH, a cambio de la construcción de otros centros penitenciarios en lugares que no sean tan alejados de la capital”, según habían anunciado.
La importancia del blindaje era para que se haga con transparencia y buen uso de recursos, había afirmado Pérez. El proyecto era la búsqueda de una solución a la situación de emergencia de las penitenciarías. Sin embargo, no pudo ser concretado y quedó en la espera de que se adquiera para una posterior licitación.
Ya en el 2022, la Municipalidad de Asunción anunció que iba a emplazar al Ministerio de Justicia para mudar Tacumbú, teniendo en ese entonces cuatro mil internos, siendo que el penal estaba habilitado para mucho menos, de acuerdo a la estructura.
La idea era acabar con el hacinamiento y descomprimir, cerrando o trasladando el penal a otra zona.
IDEAL DEL MINISTRO
Fue en junio del 2023, cuando Ángel Barchini –antes de asumir como ministro de Justicia– hablaba de mudar la penitenciaría, como una de sus acciones evaluadas, pero no volvió a tocar el tema.
En noviembre del año pasado, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, insistió en mudar las cárceles –Tacumbú y del Buen Pastor, las que están en la capital– al interior del país. El argumento era que ninguna cuenta con habilitación tributaria ni de salubridad de parte de la Municipalidad.
El director de Gabinete de la Municipalidad, Nelson Mora, refirió que como respuesta de las autoridades, dijeron que se iban a encargar de trabajar y, sobre todo, controlar la zona y también tomar medidas de seguridad.
La preocupación de las autoridades es –por queja de los vecinos– la seguridad de la zona de Tacumbú y el Buen Pastor. Mora refirió que esto se viene hablando desde varias administraciones atrás y están expectantes a poder conversar con mayor amplitud con las instituciones.
INTEGRAL
Por su parte, la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, mencionó que el penal no tiene condiciones de habitabilidad, tiene peligros en la provisión de electricidad, con problemas de agua potable, y proliferación de espacios informales, según informes y también de un estudio del Mecanismo de Prevención contra la Tortura.
“La infraestructura de Tacumbú es insostenible desde sus primeros años”, explicó.
“...pero, plantear como solución una nueva infraestructura o nuevas cárceles, sin plantear cambios de fondo, como el funcionamiento, y el sistema de discrecionalidad de las autoridades penitenciarias, que nos da muchas ventanas para la corrupción, no se va a resolver nada”, agregó.
No sirve una cárcel nueva, quizás alejada, ubicada en el Chaco, ya que en poco tiempo los niveles de corrupción van a continuar, detalló.
“El problema tiene que ver con la corrupción de los políticos de turno, porque, hay que decir, muchos han manejado el sistema penitenciario como una moneda de cambio. Los gobernadores, diputados, exigen que sean puestos sus directores, sus asistentes como directores penitenciarios”, refirió la experta.
Y lamentó, por último, que se usa al sistema penitenciario como una canilla de recursos.
LAS CIFRAS
700 internos fueron trasladados el pasado 18 de diciembre de la Penitenciaría de Tacumbú, a fin de descomprimir.
12 muertos dejó el enfrentamiento en el operativo denominado Veneratio en el penal, entre ellos, un lince.
1.000 armas y un poco más fueron incautadas la semana pasada nuevamente de Tacumbú, en un operativo.
Prevén ley para cárceles de máxima seguridad
Los senadores Basilio Bachi Núñez, Lizarella Valiente, Colym Soroka y Noelia Cabrera presentaron un proyecto de ley de 16 artículos a ser tratado esta semana. Se habla de la implementación del régimen cerrado especial de máxima seguridad para presos de alto riesgo.
El proyecto nació de la preocupación de los últimos acontecimientos en las cárceles, “con posible complicidad de funcionarios administrativos”. Esto aumenta la emergencia ante la necesidad de adecuar la infraestructura y el régimen para recluir a personas que requieran alto nivel de seguridad diferenciado.
Esto se pretende implementar “en los módulos, secciones o establecimientos penitenciarios que tengan la categoría de máxima seguridad, lo que será determinado por el Ministerio de Justicia”.
Las personas privadas de su libertad serían “clasificadas de alto, medio o bajo riesgo”, según factores de riesgo que deberían ser verificados por el Organismo Técnico Criminológico. “Únicamente las clasificadas de alto riesgo o que demanden alta seguridad podrán ser sometidas a un régimen cerrado especial”, dice el proyecto.
En cuanto a la vigilancia, prevén que sea realizada por agentes penitenciarios “especialmente entrenados para dicho régimen” y plantear usar medios físicos y electrónicos para una observación permanente al interno.
Los reos tendrían restricciones para su movimiento ambulatorio y deberán permanecer 22 horas en sus celdas y se evitarían “todo tipo de contacto entre internos”.
Además, plantean que el acceso a materiales escritos sea restringido y que solo puedan tener materiales de lectura “previamente autorizados”.
Incluso, las visitas serían de “no contacto” y tendrían prohibido poseer aparatos electrónicos y usarían uniformes.
Por las condiciones infrahumanas, piden medidas cautelares a la CIDH
Para asegurar la provisión de agua, alimentos, atención médica y que se garantice la vida e integridad física de los internos del Penal de Tacumbú, la abogada Raquel Talavera solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según explicó, en el establecimiento penitenciario no existe guardia interna, por lo que los presos luchan por sus vidas. Alega que no tienen agua, alimentos, no reciben atención médica de parte del Estado paraguayo.
Remarcó que si bien la intervención policial-militar se realizó el 18 de diciembre pasado, a la fecha, a 20 días, aún siguen en las mismas condiciones, sin que exista un plan de contingencia.
Es más, aseguró que la muerte en el incendio en Tacumbú días pasados, se dio por un asalto que tuvieron, ya que tienen hambre. A esto se suma que los adictos, al no recibir lo que consumen, están en pleno periodo de abstinencia y sin contención, con lo que son sumamente violentos.
Con ello, Talavera explicó que habrá más muertos, por lo que solicitó a la CIDH, la aplicación de medidas cautelares para que los internos por lo menos tengan un trato humano.
LO BÁSICO. Manifestó que pidió la Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se asegure a los internos que quedaron en el principal reclusorio de la República, por lo menos agua, alimento, atención médica y que se les garantice la vida y la integridad física.
Dijo que los mismos no reciben la visita de sus abogados, tampoco tienen acceso a sus respectivos procesos.
La abogada informó que el viernes los presos recibieron la visita de los jueces de Ejecución, pero espera más acciones del Estado.
Indicó que en su pedido ante la CIDH, hizo un relato general de la intervención hecha en Tacumbú de los policías y militares. También de las condiciones en las que fueron trasladados, algunos de ellos totalmente desnudos, como el caso de un ciudadano boliviano.
Acotó que la brutalidad policial continuó luego de que los presos hayan sido sometidos. Dijo que fue todo un calvario conocer dónde fueron llevados los internos tras ser derivados a otros penales.
INFORME. Sostuvo que la CIDH solicitará informes al Estado paraguayo acerca de las condiciones en que se encuentran los reclusos en el penal de Tacumbú, tras el pedido de medidas cautelares.
La petición se realizó el 28 de diciembre del 2023, bajo el número MC 1.163, según el formulario que fue enviado a la Comisión con sede en la ciudad de Washington DC, en los Estados Unidos.
En caso de admitir la petición, la CIDH podría disponer que el Estado cumpla con proveer a los internos de estas necesidades básicas para asegurar la vida y la integridad física de los recluidos.