El ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, condenado en otras dos causas, debía enfrentar a partir de este viernes otro juicio oral y público por lesión de confianza con otros coprocesados.
Sin embargo, se presentó un pedido de suspensión ante el Tribunal Especializado de Delitos Económicos porque uno de los acusados tiene un nuevo abogado defensor. A partir de esto se resolvió posponer para otra nueva fecha, será este miércoles, a las 8.00, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Para esta jornada estaba previsto el inicio de un nuevo enjuiciamiento a Roberto Cárdenas por el caso de un supuesto perjuicio patrimonial en detrimento de 14 instituciones educativas en 2016.
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El Tribunal está integrado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García. Los otros acusados son Alejandrino Duarte Centurión, Guido Fernando Salcedo Díaz y Carlos María Mendieta.
El ex jefe comunal ya cuenta con dos condenas por lesión de confianza. La más reciente se expidió el 14 de setiembre pasado. Cárdenas recibió cuatro años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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Los agentes fiscales Blanca Agüero, Luis Said y Fabiola Molas pedían seis años para el ex intendente, pero la pena fue finalmente menor.
El 23 de julio de este año recibió una leve condena por lesión de confianza, en el caso conocido como “royalties-pavimentación”. Según la Fiscalía, hubo un perjuicio de G. 7.700 millones en contra de la Municipalidad de Lambaré.
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Los agentes Teresita Torres Molas, Carina Sánchez y Luis Said apelaron la escasa pena. Solicitaron a la Cámara de Apelaciones que revoque la pena de dos años y que se realice un nuevo juicio oral para que se establezca la pena adecuada al caso, ya que el grave perjuicio causado tiene una expectativa de prisión de hasta 10 años.
Roberto Cárdenas también está procesado en otras causas, como la supuesta mala utilización de los recursos del Fonacide, abierto a raíz del derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré (CNL), en setiembre del año 2015.
Además cuenta con otra causa por usurpación de funciones públicas y un caso de lesión de confianza por fondos de jubilaciones de los empleados municipales, en que presuntamente no realizó el depósito correspondiente al aporte de 20 funcionarios municipales.
