“La Sala de lo Constitucional resuelve declarar inadmisible la garantía de amparo del cual se ha hecho mérito interpuesto por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, y ya se manda que una vez notificada se firme la presente resolución, ya ha sido notificada la misma y se extienden las certificaciones que corresponden”, dijo a los periodistas el portavoz del Supremo, Melvin Duarte.
El 28 de marzo, el pleno del Supremo, conformado por 15 magistrados, ratificó la extradición de Hernández (2014-2022), de 53 años, que fue autorizada el 16 del mismo mes por un juez natural.
Duarte señaló que el amparo fue declarado inadmisible al “apreciar” la Sala “que los recurrentes alegan cuestiones de mera legalidad”.
La defensa puede pedir recursos de reposición
“Las cuestiones de mera legalidad son situaciones que son expuestas por parte de los recurrentes y que la Sala considera que por no ser propias de la materia de justicia constitucional están fuera del análisis de esta Sala, ya que son situaciones que deben ser planteadas en las instancias; es decir, situaciones probatorias que han sido alegadas por ellos”, agregó.
Además, indicó que ahora queda “expedito la posibilidad de que puedan presentar (los abogados de Hernández) un recurso de reposición”.
“Si existe la decisión del equipo de defensa de presentar un recurso de reposición, se hace ante la misma sala en un plazo de 24 horas desde el momento que fueron notificados, y resolver la sala en el menor tiempo posible, ya que no tiene un plazo establecido, pero sí en el menor posible”, recalcó.
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El día de la extradición de Hernández a Estados Unidos ahora dependerá del curso que siga el proceso a partir de la resolución de hoy. Algunos abogados coinciden en que esta misma semana el ex presidente estaría siendo entregado a las autoridades estadounidenses en Tegucigalpa.
El 14 de febrero, tres semanas después de que Juan Orlando Hernández concluyó su segundo mandato en el poder, Estados Unidos le solicitó a Honduras su “arresto preventivo” con fines de extradición, acusándolo de tres cargos.
El primero es por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” a aguas “a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.
Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.
El segundo cargo es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.
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Las armas y los dispositivos destructivos serían “en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno”.
El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.
La Embajada estadounidense en Tegucigalpa afirmó el 14 de febrero que “en total, desde aproximadamente 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos”.
Hernández siempre rechazó las acusaciones procedentes de Estados Unidos que lo implicaban en delitos de narcotráfico, algunas de ellas por hondureños que enfrentan juicio o están condenados en ese país por tráfico de drogas.
En una carta pública, Hernández, luego de que fuera ratificada su extradición, expresó que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración” y que está “seguro que Dios” le hará “justicia”.
En marzo de 2021, un hermano del ex presidente, el ex diputado Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
