Joshua Abreu, titular de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay, conversó con radio Monumental 1080 AM sobre el funcionamiento de la institución a su cargo y toda la situación que se generó por el uso irregular de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción.
“Nosotros somos supervisores por un lado y también somos una entidad de registro”, puntualizó.
Indicó que la Comisión Nacional de Valores tiene la responsabilidad de generar reglamentos para que toda la información esté accesible al público, permitiendo a los inversores tomar decisiones informadas basadas en el riesgo-
“En el caso de la Municipalidad, era una calificación de riesgo bastante alto, que era para inversores calificados”, señaló y precisó que no cualquier inversor puede invertir en estos bonos, sino solo aquellos calificados a través de una casa de bolsa.
En el caso de futuras emisiones de bonos, subrayó que se requiere una nueva calificación, un nuevo prospecto y un destino claro para los fondos.
“La superintendencia verifica si realmente fue invertido donde debería haber sido este caso”, expresó.
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También mencionó que la Ley del Mercado de Valores, la 5810, en su artículo 9, limita la supervisión de la comisión a la inscripción de los títulos en el Registro del Mercado de Valores y la intermediación que se realiza.
“Nosotros no tenemos derecho de entrar a verificar el destino de los fondos a Hacienda, a otra entidad pública”, comentó.
Precisó que con las entidades públicas del Gobierno, solamente registran y supervisan las intermediaciones.
“Solo verificamos si la casa de bolsa colocó realmente a inversores calificados porque el Gobierno tiene un contralor y nosotros no tenemos derecho de entrar a verificar el destino de los fondos a otra entidad pública”, se explayó y adelantó que van a trabajar en una nueva Ley con muchas cuestiones que deben ir fortaleciendo.
A finales del mes de mayo, el Municipio presentó documentos a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la emisión de bonos y negaron un desvío de G. 500.000 millones. Justificaron su uso en pago de salarios y en costos operativos.
