La Gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, sostuvo que las acreditaciones de jubilaciones y pensiones registradas con posterioridad al fallecimiento de beneficiarios disminuyeron de manera significativa durante 2025, aunque admitió que el problema persiste y requiere nuevos controles.
Sus declaraciones se producen luego de que el contralor general de la República, Camilo Benítez, expusiera ante el Congreso Nacional observaciones contenidas en el informe sobre las finanzas públicas correspondiente al ejercicio 2025, entre ellas pagos acreditados a jubilados y pensionados después de sus fallecimientos.
Cubas pidió poner los resultados en contexto, debido a que la auditoría comprende el periodo 2020-2025 y abarca distintas administraciones. Su gestión al frente de Prestaciones Económicas comenzó en agosto de 2023.
“Lo primero que debemos hacer es poner la información en contexto. La auditoría comprende el periodo 2020 a 2025, es decir, seis años y distintas administraciones”, señaló.
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Según los datos proporcionados por la gerente, entre 2020 y 2024 fueron identificadas 10.951 personas con acreditaciones posteriores al fallecimiento, por un monto aproximado de G. 58.715 millones. En 2025, la cifra bajó a 1.772 casos, por unos G. 5.341 millones.
Cubas indicó que el promedio anual de acreditaciones registradas entre 2020 y 2024 fue de aproximadamente G. 11.743 millones. Frente a ese promedio, el monto registrado en 2025 representa una reducción cercana al 54,5%.
La tendencia, según la gerente, continuó durante los primeros cinco meses de 2026, periodo en el que se registraron aproximadamente G. 1.230 millones en acreditaciones posteriores al fallecimiento.
Afirma que controles si se realizaron
Cubas rechazó que el IPS no realice cruces de información antes de procesar sus pagos. Explicó que existen controles diarios, semanales y mensuales, incluidos controles previos al procesamiento de las nóminas.
El punto que, según explicó, genera dificultades es que el IPS no administra el registro oficial de defunciones. Para sus controles utiliza información generada por otras instituciones, como el Ministerio de Salud Pública, el Registro del Estado Civil, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el MITIC.
“Podemos realizar correctamente un cruce y, sin embargo, no encontrar un fallecimiento si ese dato todavía no fue registrado o actualizado en la base pública que estamos consultando”, afirmó.
Detalló que la comprobación de sobrevivencia se realiza cada tres meses y los jubilados y pensionados cobran el día 17 de cada mes, con el pago anticipado del mes completo. Dijo que por ese mecanismo, una persona puede cobrar estando viva y fallecer días después. La acreditación correspondiente puede aparecer posteriormente al compararse con la fecha registrada de fallecimiento.
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Cubas señaló que una parte importante de los casos corresponde precisamente a situaciones producidas dentro del mismo mes del fallecimiento.
La gerente también cuestionó que el total bruto de acreditaciones posteriores al fallecimiento sea presentado automáticamente como dinero perdido.
Según la gerente, entre 2020 y 2025, el monto acumulado alcanzó aproximadamente G. 64.057 millones. De ese total, indicó que unos G. 28.773 millones ya fueron recuperados mediante devoluciones bancarias, retenciones y otros mecanismos. Por ello, planteó diferenciar entre el monto acreditado, el dinero efectivamente retirado por un tercero y el monto que finalmente no pudo ser recuperado.
“No es técnicamente correcto tomar el monto bruto acreditado y presentarlo automáticamente como pérdida definitiva”, sostuvo.
Cubas atribuyó parte de la reducción registrada a una serie de medidas implementadas durante su gestión. Entre ellas mencionó la renovación y suscripción de convenios de intercambio de información con organismos públicos, la conexión entre el sistema hospitalario del IPS y el sistema de Jubilaciones, bloqueos preventivos ante inconsistencias y nuevas herramientas de seguimiento.
También destacó la implementación del Control Biométrico de Sobrevivencia VIVO, desarrollado después de que se levantara en 2025 la suspensión del control de sobrevivencia que había sido dispuesta durante la pandemia.
Cubas sostuvo que la información disponible actualmente permite observar la evolución del fenómeno y medir el efecto de las medidas adoptadas.
“No estamos diciendo que el problema desapareció. Estamos diciendo que lo identificamos, empezamos a medirlo y tomamos decisiones concretas para reducirlo. Y hoy los resultados permiten verificar esa reducción”, expresó.
Actualmente, según los datos proporcionados por la gerente, el IPS paga alrededor de G. 460.000 millones mensuales en jubilaciones y pensiones a más de 91.000 beneficiarios. Cubas señaló que el monto bruto acumulado de G. 64.057 millones durante los seis años auditados equivale aproximadamente al 14% de una nómina mensual calculada con los valores actuales.
La gerente insistió en que esa comparación no pretende minimizar las acreditaciones indebidas. “Cada guaraní pertenece a los asegurados y debe ser protegido”, afirmó.
Para Cubas, el objetivo debe ser avanzar hacia el error cero, aunque consideró que eso requiere una mayor integración de las bases públicas. “Una defunción registrada en Paraguay debería estar disponible prácticamente en tiempo real para todas las instituciones públicas que necesitan ese dato”, sostuvo.
