El parlamentario remarcó que el sistema penitenciario actual vigente data de 1970, y considera que debe ser adecuado a la sociedad actual.
Sostiene que es necesario diferenciar el trato de un presidiario que cuenta con un proceso o una condena por un tipo penal definido como delito, y un presidiario catalogado como criminal.
Manifestó que el Estado no puede seguir recargando con los costos y gastos en alimentación y manutención de los criminales.
“Sabemos que es un derecho del interno el de alimentarse durante su reclusorio, pero también debemos entender que el Estado no tiene la obligación de mantener a criminales”, argumenta el senador.
“Los mismos sí tienen derecho a trabajar durante su reclusorio y generar con ello recursos para su propia subsistencia”, manifestó.
Remarcó que el trabajo en las penitenciarías está previsto en la legislación penal y penitenciaria vigente.
Especificó que estas modificaciones están dirigidas a los criminales que han cometido hechos punibles tipificados como crímenes, tales como homicidio doloso con agravantes, homicidio doloso doble o múltiple, abuso sexual en niños, abuso sexual y homicidio, tortura, secuestro robo con resultados de muerte.
Buzarquis refiere que no está violando ningún derecho humano con su proyecto, y más bien cree que será beneficioso porque al trabajar el recluso estará ocupando su mente en algo útil y aprenderá un oficio.
A su criterio, se podría lograr el objetivo del ordenamiento jurídico del fuero penal de lograr la reinserción del reo a la sociedad.
