Fernández recordó que en total encontraron 396 máquinas de criptominería y un transformador de 3.150 kVA. Cada uno de los equipos consumía lo equivalente a un aire acondicionado de 18.000 BTU funcionando 24 horas.
Si bien el inmueble pertenece a Cuevas, está siendo arrendado a Ramona Peralta, cuyo representante, Nelson Cardozo, afirmó que el contrato de alquiler rige desde el pasado 22 de abril. Sin embargo, el asesor jurídico de la ANDE dijo que el consumo inusual en la zona se detectó hace seis meses, cuando en principio no se había arrendado aún la propiedad, por lo que en este periodo de 180 días el perjuicio habría orillado los G. 5.000 millones.
“Lo que estaba instalado ahí era 3.150 KVA, el equivalente a más de 300 transformadores de esas características. Sapucai es una ciudad pequeña, yo creo que fácilmente ese transformador estaría abasteciendo a toda la ciudad”, dijo respecto a la capacidad del transformador encontrado en la criptominería ilegal.
Números. Fernández añadió que solamente el transformador tiene un valor de entre USD 60.000 y 65.000, en tanto que cada procesador nuevo como los que se encontraron estaría por los USD 3.500. Así, se estima que la inversión total en el sitio superaría los USD 1,2 millones.
Explicó que el lugar está declarado como propiedad agrícola, con un contrato monofásico con la ANDE, por lo que pagaba G. 120.000. “El consumo real es una categoría totalmente diferente, estamos hablando de un promedio de G. 800.000.000 por mes”, insistió. Agregó que fácilmente los operadores de la criptominería ganaban más de G. 1.000 millones en forma mensual por la cantidad de máquinas; mientras que el contrato de alquiler era de G. 21 millones.
Con esta intervención, se estima un daño patrimonial mensual de G. 873.000.000 (con base en la capacidad del transformador). “Como parte del procedimiento establecido, la ANDE presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274) según el Código Penal”, informó la estatal.
