La Subcomisaría de Acepar, ubicada en el distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, atraviesa una situación crítica que refleja el profundo abandono estatal en una de las comunidades rurales de la zona.
El local, construido hace aproximadamente 30 años y fabricado casi en su totalidad de madera, presenta un avanzado estado de deterioro y amenaza con derrumbarse.
Paredes vencidas, techos deteriorados y estructuras debilitadas forman parte del panorama cotidiano de la sede policial. Pobladores de Acepar aseguran que el local ya no reúne condiciones mínimas de seguridad ni para los agentes policiales ni para las personas que acuden a realizar denuncias o trámites.
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A la precariedad edilicia se suma la falta de recursos humanos. Actualmente, la dependencia contaría con apenas cuatro efectivos policiales, distribuidos en dos agentes por turno, quienes cumplen jornadas rotativas de ocho horas para cubrir toda el área de influencia de la subcomisaría.
La situación de la patrullera también genera preocupación. De acuerdo con manifestaciones de los propios efectivos, el móvil policial no posee documentación propia y habría sido entregado a la dependencia únicamente en carácter de depositario judicial, lo que pone en duda las condiciones administrativas bajo las cuales es utilizado para tareas de patrullaje.
Mientras tanto, el deterioro del edificio continúa avanzando. Varias partes de la estructura muestran desprendimientos y signos evidentes de desgaste, incrementando el riesgo de un colapso.
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La Subcomisaría de Acepar, que durante tres décadas prestó servicio a la comunidad, hoy se encuentra al borde de la inutilidad.
Vecinos y referentes locales reclaman una intervención inmediata del Ministerio del Interior y de la Comandancia de la Policía Nacional para dotar a la dependencia de infraestructura adecuada, mayor cantidad de efectivos y equipamientos en condiciones legales y operativas.
