El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, afirmó que los indicios reunidos por la Policía Federal sobre la relación entre el ministro Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro «requieren el debido curso institucional». Añadió que el cargo de ministro del Supremo «no confiere privilegios, sino que impone deberes».
Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, tras el enfrentamiento explícito entre Flávio Dino y André Mendonça, Fachin rompió su inmovilidad. Retiró a Moraes de la ponencia de la absurda e interminable investigación sobre las “fake news”, suspendió las decisiones contradictorias sobre el mando de la Policía Federal, mantuvo a Andrei Rodrigues en la dirección general de dicha fuerza y determinó que las nuevas investigaciones que involucren a ministros del Tribunal dependan de la Presidencia del STF. Convocó una sesión extraordinaria del pleno para el día 15, fecha en la que se analizará el informe de la Policía Federal sobre los diálogos entre Moraes y Vorcaro.
Son decisiones importantes. Representan un primer paso para contener la grave crisis que afecta al Supremo. Pero no bastan. Las soluciones de compromiso jamás resuelven definitivamente las crisis morales e institucionales; solo las postergan y, casi siempre, las agravan.
El país no necesita declaraciones protocolares destinadas a transmitir una apariencia de normalidad. Necesita medidas concretas, rápidas y transparentes. El llamado «tiempo debido» no puede convertirse en un pretexto para la omisión, el olvido calculado o la articulación de un acuerdo entre bastidores. La hora de las frases ambiguas ya pasó.
El informe de la Policía Federal debe ser examinado por el pleno en una sesión pública y presencial. La sociedad tiene derecho a conocer los hechos, las explicaciones de los implicados y la postura de cada magistrado. El juicio del día 15 no puede limitarse a una discusión procesal destinada a anular documentos o a sofocar la investigación. Se debe esclarecer lo ocurrido. Si se comprueban las irregularidades, el castigo deberá ser riguroso.
Como destacó William Waack, el Tribunal deberá decidir si sanciona a quien hizo públicos los hechos investigados por la Policía Federal o si protege a quien figura en el centro de las sospechas. He aquí el dilema, sin tapujos.
La demora del Supremo Tribunal Federal (STF) puede convertirse en complicidad institucional. La lenidad transmite un mensaje devastador: la ley se aplica con rigor al ciudadano común, pero se vuelve flexible cuando alcanza a los poderosos. Esa percepción erosiona la autoridad moral del Tribunal y profundiza la brecha que separa a la sociedad del Supremo.
No hay lugar para otro arreglo clandestino, como aquel que permitió la cuestionada permanencia del magistrado Dias Toffoli como primer ponente del caso Master. La sociedad no aceptará maniobras procesales, comunicados evasivos ni soluciones cosméticas destinadas a proteger a personas en detrimento de la institución.
También resultaría inaceptable movilizar el aparato estatal contra quienes investigaron o revelaron posibles irregularidades mientras los hechos principales permanecen sin respuesta. La suspensión de las decisiones que afectaron a la cúpula de la Policía Federal evita, por ahora, que el conflicto se agrave. Sin embargo, es indispensable preservar la autonomía investigativa de la Policía Federal y esclarecer todas las sospechas.
Si se comprueban los hechos, no habrá lugar para reprimendas simbólicas. La exigencia de responsabilidad deberá conllevar consecuencias efectivas. La impunidad confirmaría la existencia de dos categorías de brasileños: los sometidos a la ley y los protegidos por el poder.
El Senado tampoco puede escudarse en la conveniencia política. Le corresponde examinar los posibles delitos de responsabilidad cometidos por magistrados del STF. Archivar solicitudes o esperar a que el escándalo caiga en el olvido supone renunciar a sus atribuciones. Los senadores no fueron elegidos para proteger a magistrados, sino para preservar el equilibrio entre los poderes.
Un gran pacto entre sectores del Supremo, el Senado y el Gobierno podría traer tranquilidad a los pasillos de Brasilia. Fuera de ellos, sin embargo, profundizaría la indignación. Sería una paz artificial, comprada al precio de la confianza pública. Las instituciones que carecen de confianza conservan sus poderes, pero pierden su autoridad legítima.
Si el STF intenta encubrir los hechos —una posibilidad que no puede descartarse—, su credibilidad se verá erosionada. Cada decisión del Tribunal será recibida con desconfianza. Cuando una institución exige obediencia sin dar ejemplo de sometimiento a la ley, destruye su propia legitimidad. El poder sin autoridad moral es mera fuerza. Y la fuerza sin legitimidad abre la puerta al desorden.
En este contexto, la desobediencia civil —pacífica y responsable— podría plantearse como una alternativa extrema de resistencia moral. Es un camino serio, que debe mantenerse dentro de los límites democráticos y rechazar toda violencia. Sin embargo, cuando los canales institucionales se bloquean y los poderosos parecen intocables, crece la oposición a las decisiones consideradas ilegítimas.
El STF y el Senado deben actuar de inmediato. No mañana, ni tras negociaciones a puerta cerrada. Es preciso investigar, juzgar y, si se comprueban las irregularidades, sancionar de manera ejemplar. Todos los sospechosos, de uno y otro bando, deben ser investigados. La sociedad está atenta, indignada y agotada. No aceptará otro gran pacto. ¡Ha llegado el momento de decir basta!
