La dignidad de los pueblos indígenas sigue postergada por la desidia estatal. Desde agosto la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) funciona en las dependencias del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad interna y de la fuerza policial en el país. Esto no es un hecho administrativo neutral, sino que encierra un mensaje político degradante, dado que obliga a los indígenas a ingresar a un recinto de orden policial para gestionar sus derechos básicos (como títulos de tierras o asistencia). De alguna manera, implica que el Estado paraguayo asume que los indígenas se constituyen en una potencial amenaza al orden público y deben ser vigilados.
Esta centralización física representa una abierta contravención al espíritu de autonomía del Indi, garantizado por la Constitución Nacional y por la Ley 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas. Además, las autoridades del Indi comenzaron a aplicar una restricción formal que estipula que solo se permite el ingreso de un líder comunitario acompañado por un máximo de diez personas por delegación. Esta disposición, combinada con los rigurosos controles policiales para el acceso, cumple el objetivo de impedir las movilizaciones indígenas y, por ende, invisibilizar las reivindicaciones y las necesidades urgentes que afectan a las comunidades indígenas en todo el país.
A la situación mencionada se suma la asfixia económica al Indi. Para el ejercicio fiscal 2026, la Ley Nº 7609 del Presupuesto General de la Nación (PGN) asignó un monto total de G. 80.026.433.934, insuficiente para atender las múltiples carencias de las poblaciones indígenas, especialmente la compra de tierras.
El presupuesto enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece para el 2027 un presupuesto de G. 71.832.551.356, que representa un recorte de G. 8.193 millones en comparación con el presupuesto del año anterior.
Este descenso en el plan financiero del Poder Ejecutivo afecta de forma directa al rubro de adquisición de tierras, el cual arrastra un déficit histórico.
Al respecto, representantes de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) ya habían denunciado esta merma en los fondos para la adquisición de tierras y que en 2026 se registró una ejecución nula en este ámbito, lo que evidencia una profunda falta de voluntad política de las autoridades para responder a los pedidos de restitución de territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Porque en Paraguay las comunidades indígenas deben gestionar las compras de tierras que anteriormente habían sido suyas. Es una paradoja impuesta por el sistema político donde priman intereses de terratenientes y propietarios ligados a la ganadería y al agronegocio. A este sistema se suman las organizaciones del crimen organizado, que se constituyen en una constante y peligrosa amenaza para las comunidades.
En definitiva, la precarización del Indi no se limita a problema de números, sino es el síntoma de una deuda histórica que el Estado paraguayo sigue sin saldar. Confinar la institución que debe velar por la autonomía indígena al ámbito del Ministerio del Interior y recortar los fondos destinados a la restitución de tierras ancestrales configuran un escenario de asfixia institucional que desmoviliza el reclamo legítimo. Para revertir este retroceso, se vuelve imperativo que los poderes Ejecutivo y Legislativo asuman el mandato constitucional, otorgando al Indi la autarquía financiera y la independencia física necesarias para ejercer su rol mediador y de garante de derechos de los pueblos indígenas.
