Hace unos días me enteré de un escandaloso “apriete” judicial al que fue sometido hace ocho años el estilista italiano Ciro Paniello. Una supuesta socia lo acusó de una estafa y, apenas horas después de la denuncia, fue detenido en la vía pública por orden de una fiscala. Poco después, en su propio centro de estética DivaDivini, bajo custodia policial y amenaza de prisión prolongada, fue obligado a firmar un “acuerdo de conciliación”. Bajo presión, Paniello entregó la totalidad de muebles y equipos de su peluquería, valuados en más de 800 millones de guaraníes.
Tras tres años de pugna en tribunales la Justicia lo sobreseyó definitivamente, lo que permitió a Paniello iniciar posteriormente una demanda por coacción y persecución de inocentes. Hace pocos días la fiscala que llevó adelante esa vil maniobra, Stella Mary Cano, fue imputada formalmente por usar la estructura del Ministerio Público para despojar al extranjero de sus bienes sin realizar una sola diligencia investigativa real.
Fue entonces cuando tuve la sensación de déjà vu. Ese nombre me resonaba como un eco de malas praxis. Era la que había imputado al ex intendente de Asunción Mario Ferreiro por presunto tráfico de influencias y lesión de confianza, lo que forzó su renuncia en 2019.
La denuncia se basó en capturas de pantalla de un grupo de Telegram (Asado de fin de semana) que el tribunal consideró insuficientes para demostrar una caja paralela de recaudación. Durante el proceso se filtraron documentos y mensajes que revelaron cómo se habría montado la causa penal, incluyendo reuniones entre ella y personajes de varios sectores políticos en su propia casa.
Tres años después un tribunal dictaminó de forma unánime que su acusación era “deficiente” y sin pruebas y absolvió a Mario Ferreiro señalando la inexistencia de un perjuicio patrimonial. Era lo de menos, lo importante era que había dejado de ser intendente. Dudo que en la historia latinoamericana del lawfare –montaje judicial con fines políticos– exista un caso mejor documentado que este. Pese a ello, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solo la sancionó con un ridículo apercibimiento por mal desempeño de funciones.
Stella Mary es la misma fiscala que solicitó el cierre del caso para los directivos de Mocipar, empresa que presuntamente estafó a miles de personas mediante sistemas de adjudicación de vehículos y propiedades. A pesar de las múltiples evidencias presentadas por las víctimas, la fiscala consideró solo a un número muy reducido de ellas y no impulsó las diligencias necesarias. Los estafados la denunciaron por “dormir” la investigación y solicitaron su remoción. De nuevo el JEM se limitó a apercibirla. Un tirón de orejas cariñoso, digamos.
A lo largo de los últimos años, su nombre apareció en varios reclamos ciudadanos y gremiales que señalaban un patrón de conducta: imputaciones rápidas en casos de deudas o conflictos comerciales para forzar acuerdos, actuando de manera negligente en la etapa de investigación.
¿Por qué siempre fue intocable? ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Por el encubrimiento operado en el JEM con los votos del cartismo. Nada nuevo, esta institución hace rato dejó de ser un órgano de control para convertirse en un filtro político que funciona según la conveniencia del momento. La protección a Stella Mary no fue un error administrativo; fue un diseño de impunidad, a la que ella se prestó con gusto. No es una anomalía del sistema; es su producto más depurado.
El problema de estos blindajes es que tienen fecha de vencimiento. Cuando el costo político de sostener estas marionetas supera su utilidad, ocurre la grieta. Es lo que le está sucediendo a Stella Mary: Ahora el JEM resolvió en forma unánime sacarle sus fueros, enjuiciar y solicitar a la Corte su suspensión para imputarla. Se ha quedado sin saldo cartista. Al final, hay una cierta justicia poética. El clavo que marcará el fin de su carrera no será puesto por los grandes montajes políticos de antaño, sino por el despojo a un indómito peluquero.
