En ese sentido, el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Encarnación resolvió elevar a juicio oral y público la causa por supuesto quebrantamiento de depósito, tras la desaparición de gran parte de un automóvil que se encontraba bajo custodia por una infracción.
En el marco de la audiencia preliminar, la defensa de los acusados había solicitado la nulidad de la acusación fiscal, argumentando falta de precisión sobre la conducta atribuida a los funcionarios. Sin embargo, el Juzgado rechazó el pedido y subsanó la acusación incorporando la figura de la “comisión por omisión”.
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Con esto, el Tribunal considera que los procesados podrían tener responsabilidad penal, no solamente por la participación directa en el desmantelamiento del rodado, sino también por no haber impedido el hecho mientras el vehículo permanecía bajo resguardo municipal.
Así también, fue rechazado el pedido de criterio de oportunidad planteado por la defensa, atendiendo que no se reunían las condiciones legales para extinguir la acción penal.
La causa está caratulada como “César Christian Danilo Rienzzi Fernández y otros S/ quebrantamiento del depósito”, y ha tenido un sinfín de incidentes y acciones judiciales, que dilataron el caso.
El caso lleva varios años de lucha por parte de la afectada, Adriana Meza, quien reclama la reparación de daños. Incluso, en su momento los abogados de los acusados solicitaron el cese de las publicaciones periodísticas por supuesta violación del principio de inocencia.
Sin embargo, la administración municipal de Luis Yd se negó a reparar los daños causados al vehículo de la mujer en el corralón municipal. Incluso, la Comuna ha mostrado públicamente férrea defensa de los acusados por este hecho.
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Uno de los procesados, César Christian Danilo Rienzzi Fernández, es un funcionario cercano y de confianza del intendente Luis Yd, e incluso estuvo al frente del Taller Municipal de Encarnación, donde fue carneado el automóvil Toyota Vitz, que fue incautado tras estar involucrado en un siniestro vial.
El increíble hecho comenzó cuando una mujer, identificada como Adriana Meza, acudió al Corralón y Taller Municipal de Encarnación para retirar su automóvil que se encontraba en el predio.
La mujer pagó una multa de G. 515.000 y se dirigió al corralón para retirar su rodado. Sin embargo, encontró su vehículo totalmente desmantelado y carneado, sin motor, sin capot, sin las partes eléctricas, sin las llantas y sin gran parte de los accesorios del habitáculo del automóvil.
A partir de ese momento, comenzó un verdadero calvario para Adriana Meza, quien fue víctima de todo tipo de situaciones y maltratos por parte de los involucrados, sin poder obtener hasta la fecha la reparación del daño sufrido en su vehículo que era su herramienta de trabajo.
Esta causa genera gran expectativa en el ámbito jurídico y en la ciudadanía encarnacena, atendiendo que podría sentar precedente respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de la custodia de los bienes depositados en recintos o administración estatal.
