Un informe elaborado por el ex consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Carlos Pereira expuso ya en el 2023 un escenario alarmante sobre el manejo del patrimonio inmobiliario de la previsional. Contratos con años de gracia, inmuebles ocupados irregularmente, edificios abandonados, falta de tasaciones actualizadas y propiedades multimillonarias prácticamente regaladas forman parte de las observaciones incluidas en el documento oficial.
El reporte revela que el IPS administra 901 unidades productivas con un valor contable total de G. 1,96 billones.
En el Chaco, el IPS posee más de 205.000 hectáreas valuadas contablemente en G. 1,15 billones, equivalentes al 58,9% de todo el patrimonio inmobiliario de la previsional. Pese a la magnitud de estas tierras, el informe de Pereira advierte que muchas propiedades ni siquiera cuentan con tasaciones actualizadas, por lo que el IPS desconoce su valor real de mercado. La normativa actual ni siquiera obliga a realizar revalorizaciones periódicas. En publicaciones sobre contratos a los que tuvo acceso ÚH, los cánones tienen como precios congelados G. 627 por hectárea en el Chaco.
Además, se detectaron contratos firmados en 2022 y 2023 con periodos de gracia de hasta 24 meses, lo que significa que los arrendatarios pueden explotar tierras millonarias sin pagar durante dos años.
Uno de los casos citados es el Lote 26 de Teniente Ochoa, valuado en G. 22.200 millones. El contrato fue rescindido en 2022 debido a que el arrendatario dejó de pagar cánones desde abril de 2020. El IPS recién inició acciones de recuperación luego de años de incumplimiento, incluyendo la ejecución de una garantía de apenas USD 12.475.
El documento cita también el caso de Isla de Francia en Asunción. El predio está compuesto por 17 lotes con un valor contable de G. 10.315 millones. Sin embargo, según el informe, su valor real de mercado rondaría los USD 50 millones. Pese a ese enorme potencial económico, el lugar presenta morosidad, ocupaciones precarias y falta de desarrollo urbanístico.
Pereira en este punto recomendó recuperar inmediatamente el inmueble y desarrollar un proyecto que permita monetizar correctamente el activo.
También se cita el caso de Paseo Los Árboles, que califica prácticamente como una concesión gratuita. Donde se dio un periodo de gracia originalmente establecido por ocho meses, que terminó extendiéndose por ocho años. La irregularidad administrativa afectó directamente la rentabilidad de una inversión valuada en G. 69.335 millones. Y el documento cuestiona cómo una situación de este tipo pudo sostenerse durante tanto tiempo sin controles efectivos del Consejo de Administración.
Edificios abandonados. En Ciudad del Este, el Edificio Yuquyry, valuado en G. 43.756 millones, con sus 110 unidades están sujetas a procesos judiciales, mientras el IPS sigue sin poder explotar comercialmente el inmueble. A esto se suman edificios emblemáticos como el Hamilton, inconcluso desde hace años, y la histórica casona Serafina Dávalos, ambos en estado de subutilización y deterioro progresivo.
El documento también alerta sobre contratos vencidos desde 2016 en algunos inmuebles, sin que se hayan realizado gestiones efectivas de cobro. Uno de los ejemplos es la Villa Santo Domingo.
San Bernardino, ocioso. La previsional además mantiene 390 inmuebles disponibles para arrendamiento, de los cuales 331 están concentrados en San Bernardino, principalmente en el Condominio Cantegrill. Estos terrenos baldíos están valuados en alrededor de G. 88.000 millones, aunque gran parte permanece improductiva y sin proyectos concretos de desarrollo.
Las recomendaciones que Pereira planteó, ante este panorama, ya en la administración de Jorge Brítez, son medidas urgentes para evitar que el patrimonio continúe deteriorándose. Entre la actualización inmediata aconsejó de tasaciones, especialmente en el Chaco; auditorías internas para determinar responsabilidades administrativas; recuperación judicial de inmuebles ocupados; cobro de cánones adeudados y utilización de fideicomisos para concluir edificios abandonados o desarrollar tierras de alto valor.
Pérdida de G. 80.000 millones en tierras en el Chaco
En el Chaco también observó que existe un caso judicializado sobre reivindicación iniciada por el Instituto de Previsión Social, cuyo valor contable asciende a G. 80.000 millones por una superficie de 16.236 m2. El caso, según recoge el informe del ex consejero Carlos Pereira cuenta con Sentencia Definitiva en favor de estancias, anteriores arrendatarios de la institución. La Justicia falló a favor de estancias que eran de anteriores arrendatarios de la institución, quienes ahora mantienen la propiedad o posesión legal del inmueble tras la resolución judicial.
En el Chaco, IPS mantiene 208 mil hectáreas con contratos que llevan sin revisarse hace más de 15 años.
El manejo poco claro en tierras y propiedades del IPS es una constante denunciada hace años sin una política real hacia la transparencia y la administración real de los bienes.
En ese sentido se estima que unas 190 mil hectáreas estarían siendo arrendadas con el sistema de pago por canon irrisorio y contraprestación de mejoras como inversión; en estos procesos de inversión consta que el Consejo de Administración aceptó pastura y desmonte.
Consejo está a favor de las subastas de sus inmuebles
El patrimonio inmobiliario del IPS consiste en aproximadamente más de 700 propiedades tituladas, las cuales gracias a una modificación reciente de la carta orgánica podrían ser subastadas, según indicaron ayer durante la reunión del Consejo, que se mostró a favor de las subastas públicas al contrario de los concursos cerrados.
La medida tiene lugar, ya que los bienes patrimoniales fijos como estos inmuebles pueden estar erosionando las finanzas de la previsional a raíz de los costos de mantenimiento de las mismas.
Vanessa Cuba de la gerencia de Prestaciones Económicas señaló: “Actualmente el patrimonio del IPS asciende a G. 2 billones en reservas de los cuales G. 1,9 billones provienen de los activos inmobiliarios. En total 776 propiedades cuentan con títulos, aunque hay unos cuantos que no”. El art. 12 de la Ley 7235 de la Superintendencia de Pensiones menciona que los inmuebles podrán ser enajenados mediante subasta pública. Aunque también contempla concurso cerrado y venta directa. “Concurso cerrado de oferentes es cuando se invita a ciertas personas que podrían estar interesadas en adquirir” señaló Cuba.
Fretes sorprendido respondió: “Quiere decir que entre gallos de medianoche se puede llamar a amigos y decir acá hay inmuebles del IPS para la venta. ¡Déjate de joder!”. Descalificó la propuesta de la Superintendencia.
SEÑAS. Otra de las medidas sugeridas para la ejecución de las operaciones inmobiliarias futuras del IPS fue la así llamada garantía de mantenimiento de oferta. Donde el oferente deposita el equivalente al 10% del valor de la propiedad tras ganar la oferta en la subasta. En cuanto a los segundos llamados y las devaluaciones de precios de subastas Fretes criticó: “No entiendo cómo esto puede ocurrir, es decir, puedo hacer una pequeña publicación en un diario y esperar a que el precio de la propiedad baje incluso el 50%. Y ahí le doy a un socio”. Los conflictos de intereses también se trataron. Parientes con grado de afinidad de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades del IPS con relación a la Carta Magna y Contrataciones Públicas.
- 776 propiedades inmobiliarias tituladas tiene el IPS en todo el país y otras tantas sin título.
