Representantes de diferentes organizaciones civiles solicitaron este lunes que los legisladores miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pidan un informe sobre la actuación de la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Rosa María González, por rechazar una medida cautelar que pretendía proteger a los menores que realizan el Servicio Militar Obligatorio (SMO).
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En total, unos 142 menores de edad se encuentran enrolados para cumplir el SMO. Los adolescentes están distribuidos entre el Liceo Militar Acosta Ñu y el Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor).
La nota fue presentada ante el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el diputado Antonio Buzarquis.
Las diferentes organizaciones manifestaron su preocupación –a través de una misiva–, sostienen que el ingreso de menores de edad al servicio militar viola leyes nacionales vigentes, además de tratados y acuerdos internacionales de soluciones amistosas.
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“Consideramos que las instituciones del sector público, que son garantes de los derechos de los niños y adolescentes, no están cumpliendo el rol que les corresponde al incumplir normas constitucionales y leyes y expresar decisiones que no condicen con los estándares que establece el sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia”, detallan.
En ese sentido, criticaron el actuar de la jueza González, a quien pidieron la intervención judicial para el “aseguramiento y la observancia de los derechos de los adolescentes que ingresaron de manera ilegal al Cimefor”.
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“La Justicia para nuestros niños y adolescentes no puede estar en manos de una persona que, ante un caso tan grave e ilegal, desconozca leyes fundamentales y que con sus actos exponga a nuevas sanciones al Estado paraguayo a nivel internacional”, señalan.
La magistrada había resuelto que no existía un quebrantamiento a la norma legal para que los menores puedan entrar y permanecer en el Cimefor.
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De la misma manera, las organizaciones recordaron que Paraguay fue condenado en el año 2006 a pagar USD 73.000 a los familiares de Gerardo Vargas Areco, un joven soldado de 15 años que fue asesinado de un disparo en el año 1989, mientras cumplía con el servicio en la Segunda División de Infantería de la ciudad de Villarica.
Así también, informaron sobre el acuerdo al que llegó Paraguay con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Víctor Hugo Maciel, quien murió en el año 1995, a los 16 años, por una sobrecarga de actividades físicas.
Finalmente, solicitaron que se investigue la actuación de la jueza y, en caso de que corresponda, sea sancionada.
Entre las organizaciones que presentaron la nota se encuentran la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), la Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte (Codeco) Juvenil y la Coordinadora Nacional de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores.
Además, Creemos Filosofía, Somos Pytyvõhara, Ofensiva Universitaria, Enredate, Juvensur, Generación Activa de Concepción y el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj), entre otras.
