Venancio Díaz, presidente de la Caja de Jubilados Municipales, detalló la crítica situación de la entidad que adeuda alrededor de G. 16.000 millones a aportantes jubilados, que no cobran sus haberes desde hace tres meses.
“Tenemos atrasados G. 3.000 millones para completar lo de noviembre y debemos también diciembre. Debemos una parte del mes de noviembre, diciembre y enero. En total tenemos G. 16.000 millones de obligaciones atrasadas”, explicó en comunicación con radio Monumental 1080.
Díaz afirmó que es vital que los municipios cumplan con sus obligaciones financieras para evitar problemas en el futuro. “Vamos a tratar de reactivar la cartera de préstamos. Tenemos una hoja de ruta, si los municipios pagaran al día, no tendríamos este inconveniente”, agregó.
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🔴 ¡Crítica situación! Jubilados Municipales no cobran hace tres meses
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 31, 2025
🗣️ "Estamos atrasados más o menos G. 3.000 millones para completar noviembre. Asunción se comprometió a pagar la próxima semana. No tenemos el cumplimiento eficiente en esos pagos, el monto de Asunción es de… pic.twitter.com/kBW3Skwgte
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Los municipios deben pagar a la caja el aporte obrero patronal y tienen que transferir dentro de los primeros 20 días, según la ley. Sin embargo, la realidad es que muchos municipios no están cumpliendo con esta normativa, lo que ha agravado la situación financiera de la Caja.
“Tenemos 264 municipios entre las instituciones que tienen que abonar mensualmente y no tenemos el cumplimiento eficiente en esos pagos”, recalcó.
El presidente señaló que el mal funcionamiento de las diferentes municipalidades es otro de los factores para esta problemática.
“Con cada cambio de intendente, se saca a funcionarios nombrados o contratados y agrega a otros, creando una precariedad laboral”, explicó agregando que esta práctica ha generado inestabilidad en la institución y ha dificultado la gestión de los recursos.
Los afectados vienen realizando una serie de manifestaciones en Asunción, cuyo municipio es de los que más dinero adeuda a la caja, exigiendo a la Fiscalía el avance de las investigaciones contra las autoridades que generaron perjuicios al organismo de pensiones.
Además, exigen el esclarecimiento del incendio intencional originado en mayo del 2024 en las instalaciones de la Caja, que destruyó documentos importantes sobre los supuestos hechos de corrupción por parte de las autoridades.
