Democracia
Washington, al igual que parte de la comunidad internacional, no reconoce la legitimidad del socialista Nicolás Maduro para presidir Venezuela.
Tras la violenta represión de las manifestaciones que siguieron a su primera elección, en 2013, Estados Unidos sancionó a varios altos cargos del país por violaciones de los derechos humanos.
Washington también calificó de “ilegítima” su reelección en 2018 y, posteriormente, la de 2024, que la oposición asegura haber ganado.
Entre 2019 y 2023, Estados Unidos, seguido por unos sesenta países, llegó incluso a reconocer al opositor Juan Guaidó como “presidente interino”, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Caracas.
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Acusaciones de injerencia
Venezuela ha acusado en varias ocasiones a Estados Unidos de injerencia. En 2019, tras un intento de insurrección militar, Maduro afirmó que Washington había ordenado “un golpe de Estado fascista”.
Al año siguiente, el presidente venezolano acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de haber “dirigido directamente” un intento de “incursión armada” por mar, en la que participaron dos exsoldados estadounidenses.
Washington negó cualquier implicación. “No a los golpes de Estado fomentados por la CIA”, declaró Maduro en octubre, después de que Trump afirmara haber autorizado acciones clandestinas de la agencia de inteligencia contra Venezuela.
Embargo petrolero de EEUU
Con el objetivo de asfixiar económicamente al país y expulsar a Maduro del poder, Washington impuso en 2019 un embargo al petróleo venezolano, que afectó al pilar de la frágil economía venezolana.
Antes de su entrada en vigor, el petróleo representaba 96 % de los ingresos nacionales y tres cuartas partes de los ingresos petroleros procedían de clientes estadounidenses.
Ahora, Venezuela vende su producción petrolera en el mercado negro a precios mucho más bajos, especialmente a China.
En las últimas semanas, Washington anunció un “bloqueo total” contra los “petroleros sancionados” que se dirigen a Venezuela o salen de allí y confiscó varios buques. Caracas calificó el anuncio de “amenaza grotesca”.
Trump puso fin este año a las licencias de explotación que permitían a las multinacionales operar a pesar de las sanciones. La estadounidense Chevron disfruta desde julio de una licencia especial.
Según la OPEP, la producción ha caído de 3,5 millones de barriles diarios en 2008 a menos de un millón en la actualidad, debido a las sanciones estadounidenses y al colapso del sistema de extracción, minado por la corrupción y la mala gestión.
Venezuela, que sufrió una grave crisis económica entre 2014 y 2021, sigue en una situación precaria y Maduro culpa de ello a las sanciones impuestas por Washington.
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Acusaciones de narcotráfico
En marzo de 2020, Nicolás Maduro fue acusado en Estados Unidos de “narcoterrorismo” y Washington ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera su detención.
Esta recompensa se elevó a 25 millones a principios de 2025, tras la toma de posesión del presidente venezolano para un tercer mandato, y luego a 50 millones en agosto, antes de que Estados Unidos desplegara un importante dispositivo militar en el mar Caribe y lanzara ataques contra presuntos narcotraficantes.
Washington acusa a Maduro de dirigir el “Cartel de los Soles”, cuya existencia aún no ha sido demostrada según numerosos expertos. Maduro lo niega y acusa a Washington de querer apoderarse del petróleo del país.
Migrantes
Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración una prioridad de su segundo mandato, reprocha a Caracas la llegada de un gran número de migrantes venezolanos.
El dirigente estadounidense acusa a Venezuela de haber “empujado” hacia Estados Unidos a “cientos de miles de personas procedentes de las cárceles”, así como a “internos de hospitales psiquiátricos”.
Según la ONU, cerca de ocho millones de venezolanos —aproximadamente una cuarta parte de la población— han huido de la crisis económica y política desde 2014, la mayoría hacia países de América Latina y otros hacia Estados Unidos.
Trump retiró el estatus de protección temporal del que disfrutaban cientos de miles de venezolanos debido a la crisis en su país y expulsó en 2025 a varios miles de ellos.
En la primavera, Estados Unidos envió a una prisión de El Salvador a 252 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer a una banda. Pasaron allí cuatro meses antes de ser repatriados a Caracas, que, al igual que varias ONG, denunció las “torturas” sufridas durante su detención.
Fuente: AFP
