Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), difundido este domingo, cuando concluye la 81 Asamblea General de este organismo celebrada en Punta Cana, República Dominicana, señaló que en Paraguay “la necesidad de adaptarse a los nuevos modelos de consumo de información convive con un entorno de fragilidad institucional y violencia, especialmente en zonas fronterizas, donde el periodismo investigativo se vuelve una tarea de alto riesgo”.
También denunció que “la tensión entre el Gobierno nacional y la prensa continuó en este período con ataques sistemáticos contra periodistas de medios independientes, mientras que -advirtió- el amedrentamiento se ha institucionalizado como respuesta a las investigaciones periodísticas sobre nepotismo y corrupción”.
“El presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo por posibles hechos de corrupción tras el hallazgo de sobres con altas sumas de dinero, choca a menudo con los medios, así como diputados y senadores de su partido”, agregó la SIP que el año pasado tuvo como orador invitado al gobernante paraguayo, quien firmó en esa oportunidad la declaración de Chapultepec.
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El documento alude así a un caso denunciado por el grupo de medios Abc a partir de las declaraciones de una ex empleada del servicio doméstico de la residencia presidencial, identificada como Luz Candado, que habló sobre la supuesta existencia de sobres con dinero en esa dependencia oficial.
De igual forma, el informe alerta sobre la “evidente la presión gubernamental contra las voces críticas de los medios y las empresas ligadas a ellos, como el cierre de la cadena de tiendas Biggie del Grupo Zuccolillo, propietario de Abc Color”.
Los minimercados fueron cerrados unos días durante agosto pasado por orden de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) tras advertir sobre la venta de productos vencidos y un “presunto reetiquetado irregular” para alterar la fecha de caducidad de las mercancías, una medida que las cámaras empresariales consideraron “desproporcionada”.
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Por otro lado, la entidad de periodismo afirma que las “tendencias autoritarias del oficialismo son evidentes en la presión contra la oposición en el Congreso, la manipulación de la pauta publicitaria estatal como herramienta de presión económica” y en iniciativas con potencial para “limitar la libertad de expresión”.
El reporte, entre otros casos, detalla los ataques sufridos por dos periodistas de la ciudad de Lambaré, Departamento Central, cuyas viviendas fueron atacadas a tiros en setiembre pasado.
El periodista Fabián Costa, jefe de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, denunció un ataque con 22 impactos de bala en contra de su vivienda y vehículo, y Carlos Benítez, quien lidera el diario digital El Observador, especializado en investigaciones sobre temas judiciales, dijo que su casa fue impactada en al menos dos ocasiones por disparos.
Fuente: EFE.
