Al reducirse el monto de recursos de endeudamiento que pueden ser utilizados, también lo debe hacer la inversión pública o aumentar el ahorro para sostenerla. Sin embargo, todos los servicios públicos básicos como la infraestructura de transporte y logística, la salud, la educación o la seguridad ciudadana tienen severos problemas de acceso, cobertura y ni que decir de calidad, que terminan afectando negativamente el bienestar y la capacidad de generación de ingresos de los ciudadanos así como la competitividad de la producción y la economía nacional.
El Gobierno actual ha tomado decisiones necesarias, pero de alto impacto en las finanzas públicas, como la universalización de la alimentación escolar y su financiamiento con el 80% de los ingresos por compensación por cesión de energía de Itaipú al Brasil; incrementos en las remuneraciones de los docentes; la universalización de la pensión mínima; la utilización de fondos del presupuesto de Itaipú Binacional para inversiones en infraestructura; etc. Sin embargo, las decisiones relativas a los gastos corrientes son de carácter permanente, pero, el financiamiento de la alimentación escolar es transitorio porque la energía excedente de Itaipú tiende a terminar y la calidad de la enseñanza no está garantizada porque no hay una exigencia clara de capacitación a los docentes; y el plan de inversiones de Itaipú termina en el 2026 según lo acordado con el Brasil. Según datos del MEF sobre ejecución presupuestaria a mayo de este año, el gasto en remuneraciones está creciendo al 8,4%, el pago de intereses de la deuda al 12%, el pago de jubilaciones de la caja fiscal sigue creciendo en más del 10% con un déficit galopante y otras prestaciones sociales en más del 18% respecto al mismo periodo del año 2024. Si bien se observa también un aumento del 36% en la inversión pública, ésta tendrá que desacelerarse fuertemente para reducir el déficit fiscal, del 2,6% del PIB que cerró en los últimos 12 meses a mayo, al 1.9% del PIB fijado en el Presupuesto. Con relación a los ingresos, con la creación de la DNIT mejoraron los controles y la normalización cambiaria argentina redujo el incentivo al contrabando, ambos factores generaron un aumento del 21% en los ingresos tributarios en el año 2024. Pero este año los ingresos están volviendo a alinearse con el crecimiento del PIB nominal con un aumento interanual del 9% a mayo, y la presión tributaria tiende a estabilizarse en torno al 11,5% del PIB. Todo esto presagia que los próximos años serán muy difíciles para las finanzas públicas y la capacidad de inversión pública será mínima. Se requieren correcciones fuertes para cambiar la tendencia, como la reforma de la caja fiscal, una contención mayor de los gastos salariales y no ampliar ni crear nuevos programas de subsidios o transferencias.
En este escenario se impone con mucho más fuerza la necesidad de austeridad y de uso racional y eficiente de los escasos recursos, asignándolos a programas que tengan el mayor impacto en el bienestar presente y futuro de los ciudadanos. Debemos priorizar, determinar las brechas de cobertura con una calidad aceptable para cada servicio y establecer un plan de ampliación y mejora de calidad a corto, mediano y largo plazo que sea compatible con los recursos que se estima estarán disponibles en el marco de los límites prudenciales definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y ejecutarlo disciplinadamente año a año. No hay atajos ni margen para la improvisación.
