La preocupación de los vecinos no es nueva. Desde hace años han elevado quejas ante las autoridades municipales sobre el funcionamiento de tres canteras en el distrito: Roca Negra, de Miguel Ángel Riquelme; Itamí, de Miguel O’Hara, y Monday, de Rogelio Balmacera. Estas explotaciones, según los pobladores, operan en zonas urbanizadas y dentro de un área protegida establecida por la Ley N° 4738/12, que declara la franja de protección del río Monday como área silvestre protegida.
En respuesta a la inacción de las autoridades, los residentes han realizado manifestaciones y han presentado sus denuncias en la Junta Municipal. Exigen que la clausura temporal dispuesta en febrero pasado se convierta en definitiva, dado que los perjuicios ocasionados por las explosiones persisten.
Los afectados insisten en que la cercanía de las canteras a viviendas, centros educativos y lugares de culto representa un riesgo constante para la seguridad de la comunidad.
Ante la presión vecinal, los empresarios mineros han salido al paso argumentando que sus operaciones son legales y cuentan con la debida habilitación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Aseguran que las canteras llevan más de 20 años en la zona y que la normativa municipal que declaró al barrio como área urbana data recién de 2017, por lo que no debería aplicarse retroactivamente.
Los propietarios han solicitado una prórroga de cinco años para trasladar sus actividades a otras zonas, como Puerto Península o Los Cedrales. Dicen que han contribuido con la comunidad donando piedras para la construcción de empedrados, aunque los vecinos refutan que esta colaboración es una obligación legal, no un acto de buena voluntad.
Los residentes denuncian que, además de los daños estructurales a sus viviendas, la actividad minera está contaminando ríos y arroyos cercanos. En particular, acusan a la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales de la Fiscalía de no tomar medidas para proteger el ecosistema del río Monday. Según los denunciantes, una de las canteras opera a menos de 200 metros del margen del río, dentro de un área supuestamente protegida por ley.
En un intento por apaciguar las tensiones, representantes de las canteras Itamí, Monday y Roca Negra han solicitado una mesa de diálogo con los concejales y los habitantes del barrio. Alegan que nunca recibieron notificación formal sobre los daños que estarían causando y sostienen que las quejas provienen de “personas problemáticas” que buscan generar conflictos sin fundamento.
Sin embargo, los vecinos se mantienen firmes en su postura y advierten que, si no se toman medidas definitivas, continuarán con sus protestas y buscarán instancias judiciales para hacer valer sus derechos.
