El juicio oral y público contra un hombre, acusado por un presunto hecho de abuso sexual contra una niña de 9 años, que habría ocurrido en el 2019, fue fijado nuevamente para el próximo 4 de agosto en el Palacio de Justicia de Salto del Guairá, en lo que representa el séptimo intento de iniciar el proceso judicial.
La causa ya fue suspendida en seis ocasiones, situación que generó profunda preocupación en los padres de la víctima, quienes manifestaron sentirse desesperados por la demora en la realización del juicio.
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Según señalaron, cada convocatoria terminó frustrada por distintas incidencias planteadas por la defensa del acusado.
Entre los antecedentes del expediente figuran recusaciones contra integrantes del Tribunal, cambios de abogados defensores y la presentación de certificados médicos de representantes legales, circunstancias que derivaron en sucesivas postergaciones del juicio.
Uno de los jueces del Tribunal se había inhibido anteriormente; sin embargo, el Tribunal de Apelación confirmó su continuidad en la causa, por lo que actualmente existe expectativa de que finalmente pueda iniciarse el juicio.
Los padres de la niña indicaron además que manejan información sobre una posible nueva recusación contra la totalidad del Tribunal, lo que, de concretarse, podría volver a retrasar el inicio del proceso. “Esperamos que esta vez se pueda realizar el juicio y que no aparezcan nuevas chicanas”, expresaron.
La reiteración de suspensiones también genera cuestionamientos sobre la duración del proceso judicial y el impacto que ello tiene en la víctima y su entorno familiar.
Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no emitió pronunciamiento con respecto a las incidencias procesales exageradas planteadas por la defensa en esta causa.
El próximo martes 4 de agosto será una fecha clave para determinar si, después de seis intentos fallidos, el juicio oral y público finalmente logra comenzar en Salto del Guairá.
El Tribunal de Sentencia 1 de Canindeyú está integrado por los magistrados Benito Ramón González, como presidente, y Gustavo Villaverde y Cinthia Espínola, como miembros.
Los nombres tanto de la niña, como del acusado se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe publicar datos que permitan identificar menores en condición de víctimas o victimarios.
