El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, recibió personalmente la denuncia de los legisladores que se trasladaron este lunes hasta la sede del Ministerio Público.
Roberto Acevedo, titular del Poder Legislativo, acompañó a los senadores que presentaron el documento para que se investigue los supuestos abusos durante el desalojo de unas 200 familias campesinas en la colonia Guahory.
Los parlamentarios que impulsan la denuncia son Miguel Ángel López Perito, Luis Alberto Wagner y Esperanza Martínez. A ellos, se suman los diputados José Ledesma y Antonio Buzarquis.
“Lo que corresponde es que la Fiscalía se encargue de investigar las denuncias y abusos; que se encargue de definir por qué se ha coaccionado a miembros del Congreso”, manifestó el senador López Perito, al tiempo de señalar que en el caso Guahory se violó la ley y hay al menos nueve tipificaciones del Código Penal.
Los legisladores sostienen que los títulos de los brasileños, mediante los cuales se realizó el operativo de desalojo, son “truchos” por tener vicios de origen.
El caso Guahory fue discutido ampliamente en la última sesión ordinaria de la Cámara Alta con un debate libre que duró más de tres horas. Los legisladores, en su mayoría opositores, cuestionaron el procedimiento fiscal y policial en la zona.
Además, crearon una comisión de investigación con representantes de diferentes bancadas para esclarecer lo sucedido en el departamento de Caazapá.
Próximamente, los parlamentarios también denunciarán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los fiscales que estuvieron a cargo del operativo de desalojo, ocurrido el pasado 15 de setiembre.
Las familias campesinas exigen que el presidente del instituto rural, Justo Cárdenas, se retracte en sus declaraciones, ya que primeramente admitió a los pobladores de Guahory que sus funcionarios otorgaron títulos falsos a los brasileños, pero luego dijo que los documentos son legales.
Si bien el Gobierno refiere que fueron desalojadas poco más de 60 familias, los campesinos aclaran que son 260 las familias afectadas con el procedimiento.
La polémica se desató cuando recorrió en las redes sociales un video donde aparece un brasileño a bordo de un helicóptero agradeciendo al presidente Horacio Cartes su apoyo a la intervención policial y por conseguir que Yacyretá preste la aeronave para sacar a los campesinas de las tierras ocupadas.
