El senador Miguel Fulgencio Rodríguez sostuvo que últimamente se tienen desalojos en un solo sentido, pese a que hay denuncias de unas 15 comunidades indígenas que piden la desocupación de sus propiedades hace más de 30 años, incluso de terrenos que fueron comprados por el Indi.
“El que avisa no traiciona, se está avizorando un caos social grande si no atendemos esto. Ustedes creen que la gente va a quedar tranquila, siendo expulsada de sus propiedades, condenadas a la muerte. Sacarle la tierra a los indígenas es condenarlos a la muerte, es el genocidio”, remarcó.
El legislador mencionó el desalojo registrado esta semana en San Vicente Pancholo, donde hubo un fuerte despliegue policial con helicópteros y los campesinos nuevamente volvieron a reocupar las tierras en las que viven hace 13 años.
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En ese sentido, calificó de “cachafaz” a fiscales que dan órdenes de desalojo, sin la participación de jueces y anunció que este 10 se espera una gran movilización indígena y campesina.
Por su parte, el senador Sixto Pereira afirmó que la ciudadanía tiene obligación de discutir sobre la problemática de fondo, “que no se soluciona con medidas represivas”.
De igual manera, hizo un llamado a las organizaciones civiles, agrarias y pastorales, como también a movimientos sindicales, ya que considera que la democracia está en peligro con las medidas represivas y violentas que se están aplicando.
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“Ahora se plantea una unidad de acción amplia para derogar esto, porque afecta la democracia, a la participación, a la forma de encarar el tema. Con medidas represivas quieren hacer el estado servil de estos grupos económicos”, aseveró.
Igualmente, el parlamentario Hugo Richer denunció que fiscales de Luque y Capiatá están firmando órdenes de desalojo en otros departamentos que no les corresponden y utilizan la descripción de “cesación del hecho punible”, movilizando a policías y militares, con una fuerza desproporcionada, por lo que la ciudadanía debe preguntarse si pueden hacer dicho procedimiento sin la orden de un juez.
“Algunos de los fiscales están sometidos a las instituciones del poder económico”, aseguró el legislador.
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Finalmente, también dijo que se debe comprobar los títulos de propiedad del denunciante a la hora de realizar un desalojo, porque en muchos casos no los tienen, y no permitir el deterioro de las instituciones y el retroceso democrático.
Desde el Frente Guasu expresaron que hay más de 900 conflictos y procesos judiciales en curso por el tema de tierras y que cada colonia comprende entre 40 y 250 familias y las ocupaciones van de 2 a 40 años.
“El problema de la tierra es un grave problema social, no es un problema criminal. Por lo tanto, su solución requiere de políticas públicas y no de políticas de penalización que llevan a un enfoque represivo, propio de los estados autoritarios”, sostuvieron.
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“Ante otra situación de crisis interna de la nación, como es la seguridad ciudadana, vimos el despliegue de la fuerza pública, aquella a la cual le otorgamos el uso legal de la fuerza para protegernos de los violentos y las organizaciones criminales, operativos con cientos de policías y recursos como helicópteros y carros hidrantes. Cuando menos desproporción absoluta, pero un mensaje claro: La seguridad que importa es la de ricos y poderosos”, finalizan.
