Senadora califica de “maniobra amañada” la suspensión de compra de máquinas de votación

La suspensión de la compra de máquinas de votación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) forma parte de una “maniobra amañada”, para seguir con el “negocio” de alquilar los artefactos, según la senadora opositora Yolanda Paredes.

En su opinión, el alquiler de las máquinas representa un monto estimado entre USD 23 millones y 25 millones por evento.

“El tema de que existen dudas que se han generado sobre la licitación es una simple excusa para tomar el negocio que ellos siempre tomaron: el alquiler de las máquinas”, declaró en una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM.

Paredes recalcó que la decisión del TSJE no solo obedece a una cuestión económica, sino que también tiene implicaciones políticas directas, insistiendo en que el sistema de alquiler “conviene a los ministros” (del TSJE) y al “oficialismo”, lo que les permitiría manejar los resultados.

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“Nosotros desde el día cero cuestionamos este sistema, desde el año 2022, y esto no hace más que confirmar que el sistema anterior es el que les conviene a los ministros y al oficialismo”, señaló.

Cuestionó la necesidad de alquilar un software extranjero, afirmando que expertos en Paraguay le han dicho que “se pueden hacer perfectamente” en el país.

A fines de agosto, el Senado instó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a interrumpir el proceso de compra de máquinas de votación y volver al arrendamiento de las máquinas, como ya se hizo en las últimas elecciones generales y municipales.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez (ANR-HC), señaló que la medida, si bien representa a la mayoría colorada del Senado, no es vinculante. Además, negó que detrás pueda haber una intención de beneficiar a un sector –en este caso, de la ANR– afirmando que en la máxima instancia electoral tienen mayoría la oposición a través de dos ministros.

Tras este pedido, el TSJE dio por cancelada la licitación pública internacional para la compra de máquinas de votación destinadas a los comicios de 2026 y 2028. Afirmaron que la decisión se dio con el fin de “avanzar en la implementación de soluciones tecnológicas resguardando la credibilidad del proceso electoral”.