Durante el encuentro entre parlamentarios, representantes de gremios docentes, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y el ministro sustituto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera; el dirigente docente Silvio Piris solicitó informes detallados que permitan dimensionar el impacto real de la reforma. Entre los pedidos, planteó conocer la edad de jubilación proyectada de los docentes, si se retirarían a los 50, 51, 52 o 58 años, a fin de evaluar la sostenibilidad del sistema.
Piris también requirió al MEF que informe cuánto representaría en términos monetarios cada punto porcentual de aporte adicional que propone el Poder Ejecutivo, que prevé elevar del 16% al 19% el descuento para el sector docente y universitario. “Son montos que tenemos que conocer para dimensionar de qué manera estaríamos cubriendo el déficit”, sostuvo.
Otro de los puntos planteados fue el detalle de los intereses generados por los fondos depositados en entidades bancarias, así como el impacto de los denominados cargos vacantes que, según denunciaron, desde 2014 no se transfieren a la Caja Fiscal. Piris solicitó además que se realicen al menos tres o cuatro reuniones técnicas antes de la sesión prevista para el 25 de marzo, y advirtió que están preparados para evitar una eventual “sanción ficta”. “La versión de Diputados es muy lesiva para los docentes”, afirmó el titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Por su parte, el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A), Gabriel Espínola, consideró que el país atraviesa “un escenario histórico” y recordó las movilizaciones del 10 de febrero como señal de que los trabajadores del Estado vinculados a la docencia están dispuestos a continuar la lucha por una jubilación digna.
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El dirigente planteó interrogantes sobre el destino de recursos históricos de la Caja Fiscal. Mencionó que entre 1973 y 2003, en el marco de la Ley 431/73, los denominados “beneméritos de la patria” fueron solventados con fondos de la Caja, y pidió precisiones sobre el impacto financiero de esa medida.
Asimismo, aludió a la reforma del 2003 establecida por la Ley 2345, que dispuso destinar unos USD 800 millones de cuentas superavitarias a inversiones, inicialmente en bonos que generaron intereses. En ese sentido, cuestionó qué ocurrió con esos recursos, si los intereses formaron parte del patrimonio de las cuentas superavitarias y en qué se utilizaron.
Espínola también reclamó una cuantificación de los recursos provenientes de cargos vacantes que, afirmó, no se depositan en la Caja Fiscal desde hace años pese a estar establecidos por normativa vigente desde 1909. Según indicó, solo en seis meses se habrían generado USD 14,5 millones por este concepto en el sector docente.
En el mismo sentido, la senadora Esperanza Martínez señaló que en esta primera reunión solicitó formalmente al MEF el informe actuarial completo, incluyendo los datos utilizados para su elaboración, así como la presencia de los técnicos responsables para realizar cálculos y simulaciones sobre cada una de las propuestas en debate.
“No es posible hablar de reforma ni de números sin datos técnicos, cálculos actualizados y la propuesta de todos los sectores”, afirmó. Advirtió además que cualquier modificación que responda exclusivamente a compromisos con organismos internacionales o a la necesidad de acceder a recursos de la Caja Fiscal no garantizará la jubilación de miles de trabajadores.
El debate continuará en las próximas semanas en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en medio de la presión de los gremios docentes para frenar una eventual sanción ficta y exigir mayor transparencia en los números que sustentan la reforma.
