17 oct 2026

El nuevo proyecto es “una deuda encubierta” a 30 años

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Guillermo López Flores

La promesa de modernización del transporte público para el área metropolitana de Asunción ingresó a una zona de cuestionamientos técnicos y financieros. Lo que políticamente se promociona como una inversión extranjera histórica para la implantación del postergado tren de cercanías es, en realidad, una deuda soberana encubierta pagadera a 30 años mediante subsidios anuales. Así lo expresa el ingeniero consultor Guillermo López Flores, quien agrega que el verdadero “caballo de Troya del proyecto es el Ingreso Mínimo Garantizado”, establecido en el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2).

El especialista sostiene que el riesgo real no radica únicamente en un fracaso físico de las obras, sino en un escenario mucho más “perverso”. “El núcleo del problema reside en las condiciones contractuales blindadas por una Ley Especial aprobada en el Congreso. Dicha normativa elimina el principio de distribución equitativa de riesgos entre el sector público y el privado. Al otorgarle a la Sociedad de Propósito Especial la figura del Ingreso Mínimo Garantizado, el Estado paraguayo le firma un seguro de vida comercial incondicional”, afirma.

López Flores añade que, en primer lugar, se genera un incentivo para el tren fantasma, ya que si los ingresos por pasajes no cubren el piso financiero estipulado por la empresa, el Estado paraguayo completará la diferencia con dinero de los contribuyentes. Advierte que, como la empresa es la misma que estima la demanda y diseña el proyecto, los incentivos están perfectamente alineados para sobreestimar el flujo de pasajeros. “Es un negocio redondo donde el privado privatiza las ganancias y el Estado socializa el 100% de las pérdidas”, analizó el profesional.

Respecto al futuro operativo, el ingeniero advierte que “si las estaciones de Asunción y Luque no están perfectamente integradas en un sistema único de billetaje y buses alimentadores, la gente simplemente no se va a subir al tren”.

El consultor insta a desplazar la discusión del plano político de “tren sí o tren no” al plano de la responsabilidad fiscal elemental.

  • 1.050 millones de dólares es el costo final estimado del tren con los compromisos asumidos a 15 años.
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