La Agremiación de Funcionarios Jubilados y Activos del Sector Civil solicitó al Congreso Nacional dejar de utilizar recursos de sectores superavitarios para financiar el déficit del magisterio.
El planteamiento fue expuesto ayer por su presidente, Jorge Ramírez, ante autoridades de la Comisión Permanente. Ramírez sostuvo que los jubilados no deben intervenir en debates relacionados con la edad de jubilación ni el tiempo de aportes de los funcionarios activos, pero remarcó que sí les preocupa el uso de los recursos previsionales.
Según indicó, la actual normativa permitió que fondos de sectores con superávit sean destinados a cubrir déficits de otros regímenes. De acuerdo con sus declaraciones, entre 2014 y 2024 se destinaron millones de dólares para financiar el déficit del magisterio, además de transferencias a militares y policías. Cuestionó que el Estado haya presentado esos desembolsos como un logro, cuando, según afirmó, el mecanismo fue incorporado durante el gobierno de Fernando Lugo mediante una modificación introducida en la reglamentación de la Ley 2345. El dirigente explicó que en 2012 se añadió un párrafo que establece que el déficit de sectores civiles “podrá financiarse con recursos superavitarios”, disposición que, a su criterio, vulnera el derecho de propiedad de los aportantes.
Argumentó que los fondos jubilatorios constituyen patrimonio privado de quienes contribuyen y que los legisladores no puede disponer de ellos para beneficiar a otros sectores. Ramírez calificó el esquema como un “régimen de rapiña” y recordó que el gremio presentó una denuncia por lesión de confianza ante el Ministerio Público. Además, señaló que el planteamiento de inconstitucionalidad contra ese artículo se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Sistema de Reparto. En relación con el sistema de reparto, sostuvo que su naturaleza es intergeneracional: Los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones vigentes. “No se puede convertir el régimen de reparto en un mecanismo para sostener sectores deficitarios”, afirmó. Añadió que los docente, según su postura, no contribuyeron a los fondos superavitarios que hoy se utilizan para cubrir su déficit.
El titular del gremio también cuestionó el alto nivel de financiamiento estatal a algunos regímenes, señalando que en el caso de las Fuerzas Públicas el aporte del Tesoro ronda el 50%, lo que, según dijo, desvirtúa el carácter contributivo del sistema y lo acerca a una pensión financiada por el Estado.
En ese contexto, manifestó que el sector está de acuerdo con una reforma integral del sistema previsional, pero que garantice autonomía y autarquía financiera a cada caja, en línea con el mandato constitucional. “Si cada sector administrara sus propios fondos, habría mayor responsabilidad y control sobre los recursos”, afirmó.
Finalmente, pidió a la Comisión Permanente analizar la derogación del párrafo cuestionado y revisar el esquema actual de financiamiento, al considerar que se trata de una situación “intolerable” dentro de un Estado de derecho.
Legisladores coincidieron en reclamo de los jubilados
Los miembros de la Comisión Permanente coincidieron en que es justo el reclamo que hacen los jubilados en representación de los funcionarios administrativos activos.
El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, manifestó que esta es una problemática endémica heredada que está afectando al sistema.
“La única caja superavitaria es la de los empleados públicos y hay que cuidarla muy bien porque fue modificada y también empieza a tener una proximidad peligrosa entre los ingresos que generan los activos y el retiro que hacen los pasivos”, advirtió el legislador.
El Senado prevé otra reunión con docentes hoy.
