El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Éver Villalba presentó un proyecto de ley que busca derogar el artículo que establece el uso del polígrafo como criterio de evaluación para los ascensos dentro de la Policía Nacional, alegando que ese método “atenta contra la dignidad del uniformado”.
“El polígrafo es indigno y vulnera la integridad de los efectivos policiales”, sostuvo el legislador, al tiempo de afirmar que el sistema de ascensos debe regirse por criterios objetivos y verificables, no por pruebas que “no tienen sustento científico ni legal suficiente”.
Villalba señaló además que el foco de los controles internos debe ponerse en la evaluación patrimonial y la trazabilidad de bienes de los jefes policiales. “Debe hacerse un estudio de correspondencia de aquellos que no pueden justificar el origen de su patrimonio”, enfatizó.
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El parlamentario agregó a esto que hasta tanto no cambien las reglas de juego, solicitará al Senado devolver el expediente remitido por el Poder Ejecutivo con la nómina de ascensos, hasta tanto se revise la validez de las evaluaciones practicadas bajo el sistema del polígrafo.
Para el senador Villalba, el polígrafo no puede determinar la carrera de un oficial, dado que hay muchos aspirantes que sí logran pasar la prueba, pero que luego no pueden justificar su buen pasar económico.
“Hay muchos aspirantes para el ascenso, muchos en proceso de ascender y han superado el polígrafo, pero estoy seguro de que no pueden demostrar sus mansiones, sus vehículos, sus estancias y otros bienes”, indicó.
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El debate sobre el uso del detector de mentiras como prueba para ascensos en la Policía Nacional encuentra con posturas divididas a los legisladores y provocó hasta riña entre el senador colorado oficialista Carlos Núñez y el ministro del Interior, Enrique Riera.
Si bien el uso del polígrafo está contemplado en la modificada Ley de la Policía Nacional, su aplicación fue cuestionada porque la legislación no fue reglamentada por el Ejecutivo.
La iniciativa legislativa de Villalba pretende abrir un proceso de revisión integral del sistema de promoción dentro de la fuerza pública, buscando –según sus palabras– “transparencia sin vulnerar derechos”.
