06 mar. 2026

Senado aprueba ampliación presupuestaria de G. 38.285 millones para la CSJ

Una mayoría de la Cámara Alta aprobó dos ampliaciones presupuestarias para la Corte Suprema de Justicia. El dinero se utilizará para financiar servicios personales y no personales, bienes de consumo, inversión física, y para el Registro Unificado Nacional (RUN).

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César Diesel y su equipo presentaron justificación para ampliación ante el Senado.

Gentileza

La Cámara de Senadores aprobó en su sesión extraordinaria de este jueves la ampliación presupuestaria solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que totaliza más de G. 38.285 millones, tras haber recibido previamente el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El titular de dicha comisión, el senador Silvio Ovelar, hizo una exposición breve sobre los puntos a ser tratados, entre ellos, una reestructuración de unos G. 104.000 millones y la ampliación de unos G. 38.000 millones.

La ponencia fue un respaldo a la exposición del presidente de la CSJ, César Diesel, quien acudió al Congreso para explicar los alcances de los dos proyectos de ley.

El primer proyecto aprobado corresponde a la modificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, aprobado por la Ley 7408 del 30 de diciembre de 2024, que incluye ajustes en el anexo de personal.

Diesel detalló que este cambio permitirá la regularización de categorías y el traslado de cargos a otros programas, principalmente para la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN).

El financiamiento provendrá de la eliminación de cargos vacantes y la reasignación de créditos presupuestarios de cargos jerárquicos que habla de un movimiento de unos G. 104.000 millones, en beneficio de las sedes judiciales de Alto Paraná y Central.

El segundo proyecto aprobado corresponde a la ampliación del PGN por un monto de G. 38.180 millones, también a favor de la CSJ. Diesel explicó ante el Senado, según refirió Ovelar, que los fondos estarán destinados a financiar servicios personales y no personales, bienes de consumo e inversión física, provenientes de recursos institucionales (Fuente 30).

Con esta aprobación, la Corte Suprema de Justicia logra asegurar recursos adicionales que –según su titular– permitirán sostener compromisos institucionales claves en el ejercicio 2025.

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