Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Salud, así como de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado llegaron a un consenso de archivar los proyectos que declaran el IPS en situación de emergencia.
Luego de varias postergaciones, el presidente del IPS, Isaías Fretes, compareció ante el Senado y describió una situación calamitosa. Para contrarrestar el impacto en los asegurados, su asesor económico, Carlos Pereira, presentó una propuesta alternativa. Estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, así como el director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina.
El senador cartista Natalicio Chase propuso el rechazo de los dos proyectos que declaran en emergencia al IPS. Uno de ellos tiene media sanción en Diputados y había sido presentado por una mayoría cartista, mientras que el segundo es una propuesta del senador disidente Juan Afara, quien planteaba la emisión de bonos por USD 304 millones para rescatar a la previsional de la crisis financiera.
Los legisladores llegaron a un consenso para dictaminar en contra de ambos proyectos luego de escuchar los argumentos de las autoridades estatales. El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, explicó que la Ley 7021 prevé mecanismos para realizar compras de forma rápida y que no hace falta una ley para asegurar medicamentos a la previsional.
“Veo innecesaria la aprobación de este proyecto de ley. Solicito el apoyo correspondiente para evitar que el Estado siga desangrándose porque acá estamos hablando sin montos máximos alguno, sin controles, fuera de los procedimientos convencionales y sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, lanzó.
Sobre el proyecto del disidente Juan Afara, que apunta a que el Estado pague su deuda histórica con una emisión de USD 304 millones a favor del IPS, Encina argumentó que también pretende funcionar sin controles, en tanto que desde la institución explicaron que esta propuesta incluso atenta contra el Fondo de Jubilación.
En medio de la confusión sobre cuál sería la mejor herramienta para ayudar a la previsional a salir de la crisis, la senadora Esperanza Martínez pidió explicaciones sobre la viabilidad de emitir los bonos, a lo que el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, respondió que el Gobierno trabaja conjuntamente con el IPS para definir medidas de mediano plazo y recordó que el Tesoro ya viene absorbiendo obligaciones que antes se financiaban con recursos que ahora van completamente a la previsional.
“Hoy no tenemos esa opción”, afirmó sobre la posibilidad de emitir deuda en las actuales condiciones, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar alternativas.
Lo que pidió Isaías Fretes
El presidente del IPS fue cuestionado por Celeste Amarilla (PLRA) y el liberocartista Dionisio Amarilla por haber impulsado la presentación de un proyecto que declara en emergencia la institución y que al final es inaplicable.
El mismo Isaías Fretes se bajó del proyecto. “En esencia, la ley de emergencia sin un financiamiento no nos sirve, nos dan una ametralladora, pero sin balas”, graficó.
Asimismo comentó que no le conviene trabajar fuera de los controles de Contrataciones Públicas por eventuales problemas que puedan generarse en el futuro en cuanto a irregularidades. Sin embargo, anunció otra opción para reprogramar las deudas a un plazo de 10 años.
“Tenemos nosotros como institución las herramientas, los medios para poder revertir esta situación, permítannos lo que expresó Carlos Pereira, la sustitución de nuestras deudas a un plazo mucho más largo que nos va a dar el respaldo para que podamos encontrar nosotros los medios para poder extender o encontrar las condiciones óptimas para seguir operando”, dijo.
En ese sentido, el asesor económico Carlos Pereira explicó que el principal problema de la previsional es el elevado volumen de obligaciones de corto plazo. Mencionó que en una primera etapa se negocia con los bancos extender los vencimientos hasta tres años para liberar recursos destinados al pago de cuotas y redirigirlos a la compra de medicamentos. Posteriormente, el objetivo es sustituir esos préstamos por un financiamiento de hasta 10 años.
Estas deudas ascienden a G. 1,261 billones, de los cuales G. 887.000 millones corresponden a deuda financiera y lo restante a compromisos con proveedores.
Pereira aclaró que no se está pidiendo al Estado la emisión de más deuda, sino que le faculte al IPS, en caso de necesidad, recurrir a organismos multilaterales, así como emisión local e internacional para “sustituir las deudas existentes” y liberar los recursos para salud; es decir, para la compra de medicamentos.
Fretes defendió esta propuesta insistiendo a los legisladores para que permitan al IPS usar sus propios medios y gerenciar los mecanismos para poder solucionar el aspecto económico sin “lesar” al fondo jubilatorio ni al Estado. “El IPS con una reingeniería puede solucionar solo su problema”, insistió.
Así también dijo que como resultado de una reingeniería y trabajo conjunto con la industria farmacéutica, mencionó que en menos de un mes las estanterías estarán llenas de medicamentos.
Al término de la reunión, Chase comentó que el plan anunciado por la previsional aplica la misma institución sin necesidad de una ley. En 15 días se espera la presentación formal de dicho plan financiero, con el fin de tener el apoyo de la clase política.
Oposición critica el gasto de Itaipú mientras el IPS sigue en crisis
El debate también derivó en fuertes cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno respecto a los recursos provenientes de Itaipú.
La senadora Esperanza Martínez preguntó por qué el Ejecutivo se niega a discutir el uso de esos fondos para fortalecer al IPS mientras se financian gastos considerados superfluos.
El senador Ignacio Iramain (independiente) fue aún más duro y cuestionó que la binacional haya destinado alrededor de USD 22 millones a propaganda y otras erogaciones mientras la previsional enfrenta una de las peores crisis de su historia.
“Sí hay plata, hay una mala administración”, afirmó, al sostener que el problema era conocido desde hacía meses y que el refinanciamiento solo posterga una solución estructural.
Además, calificó la situación como resultado de una política “absolutamente negligente y hasta homicida”, y reclamó denuncias penales contra los responsables de administraciones anteriores para evitar que el ciclo de endeudamiento vuelva a repetirse.
Reclamos por resultados y denuncias
Durante la reunión también surgieron cuestionamientos sobre la falta de avances concretos en la lucha contra la corrupción dentro del IPS.
El senador liberal Éver Villalba afirmó que el Congreso acompaña a la actual administración, pero reclamó que los anuncios de auditorías no se traduzcan en denuncias y sanciones efectivas. Además, pidió una “barrida mbarete” para desmontar las estructuras irregulares.
Fretes respondió que ya existen 34 auditorías en marcha y anunció que los primeros casos serán remitidos al Ministerio Público una vez concluyan los procesos administrativos. También denunció la existencia de “15 robos por día” dentro del IPS y aseguró que sin complicidad interna esos hechos serían imposibles de concretar.
Finalmente, el presidente del IPS explicó el impacto sobre la disminución de la carga horaria del personal y advirtió de que no cuentan con la cantidad necesaria de profesionales para cubrir las 12 horas restantes.
Al respecto, mencionó que de 14.285 profesionales de blanco fueron beneficiados casi 4.000 funcionarios con la medida y que en setiembre, cuando se prevé el siguiente grupo de beneficiarios, la previsional quedará prácticamente sin guardia.
