El titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Juan Marcelo Estigarribia López, confirmó la apertura de oficio de un sumario a las empresas prestadoras de servicios del billetaje electrónico Epas SA y TDP SA, que son las encargadas de la provisión de las tarjetas Jaha y Más.
El ministro explicó que investigarán los hechos que provocaron un sin fin de quejas por parte de los usuarios del transporte público. Desde la implementación obligatoria del billetaje electrónico, la principal dificultad fue conseguir una tarjeta y la recarga de saldo.
“La Sedeco está en el menester de investigar estos hechos que han sucedido en todo este tiempo y que perjudicaron a muchos usuarios del transporte público de Asunción y área metropolitana”, dijo en contacto con NPY.
Nota relacionada: Aprueban sanción por reventa de tarjetas del billetaje electrónico
El secretario de Estado no descartó la posibilidad de una multa o una medida correctiva para un servicio más eficiente en beneficio de los usuarios. Además, indicó que fiscalizadores de la Sedeco constataron la falta de las tarjetas y de lugares para realizar la carga de saldo.
“También remitimos dos notas a las empresas pero, lastimosamente, nos respondieron de una forma muy esquiva”, manifestó.
Las empresas encargadas de la provisión de las tarjetas se exponen a multas que van desde los 20 a 10.000 jornales. Se estima que el sumario estaría terminado en 30 días hábiles.
Lea más: Se suspende uso obligatorio de tarjetas del billetaje electrónico tras vergonzosa distribución
Luego de la implementación obligatoria del billetaje electrónico y tras un año de su lanzamiento opcional, nuevamente se decidió implementar un sistema de pago mixto del servicio hasta el 31 de diciembre.
La decisión se dio luego de las numerosas quejas de los usuarios por la escasez de las tarjetas y la dificultad para la recarga de saldos. Igualmente, se constató que al menos 100.000 tarjetas se encuentran en poder de revendedores.
Sobre el punto, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que sanciona la venta y recarga de medios de pagos electrónicos del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico a precios superiores a los fijados oficialmente.
La sanción también se extiende a empresas concesionarias del servicio que incumplan con el servicio de provisión.
