Durante la mañana del 15 de junio del 2012, se produjo uno de los hechos más sangrientos del Paraguay en tiempos de paz. La Masacre de Curuguaty dejó huellas profundas en los familiares y sobrevivientes de la ocupación, así como en la de los policías que murieron en servicio.
Un cuestionado desalojo derivó en la muerte de seis policías y 11 campesinos. Para la Justicia, el caso fue resuelto con la condena a los labriegos. Pero el fallecimiento de los ocupantes nunca fue investigado.
Como cada año posterior al enfrentamiento, Marina Cué se convierte en el punto de recordación del trágico evento que enlutó a 17 familias.
Este lunes, los sobrevivientes, familiares y ocupantes recuerdan el octavo aniversario de la conocida como masacre de Curuguaty, hecho que derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
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Con velas encendidas y un novenario por los caídos que culminó en la fecha, en Marina Cué fue recordada aquella masacre en tierras reclamadas por la familia Riquelme, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Aquino.
Para unas 120 familias que hasta la fecha viven en la zona, el dolor por la pérdida de sus familiares y amigos hoy se convierte en la esperanza de poder contar con su propia tierra.
“El único logro que tenemos es la libertad de los condenados, pero hasta ahora no hay justicia, nadie investigó la muerte de los campesinos, estamos a la deriva”, dijo la dirigente Martina Paredes en medio del acto de recordación.
Tras la Masacre
El Ministerio Público acusó a 11 campesinos por la muerte de policías, alegando que se produjo una emboscada. Uno de los principales cuestionamientos hacia la causa es que no se investigó la muerte de los 11 ocupantes.
Un Tribunal estableció condenas entre cuatro y 30 años los labriegos. Los 11 campesinos fueron condenados por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmuebles.
La decisión fue ratificada en el 2017 por un Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá.
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El 15 de junio del 2017, tras la sentencia firme de los 11 campesinos, los abogados defensores habían presentado un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones.
Los miembros de la Sala Penal Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón votaron por anular la sentencia y absolver directamente a todos, mientras que el camarista Cristóbal Sánchez tomó la misma decisión, pensando que así podría haber un nuevo juicio.
Otros siete campesinos fueron liberados luego de cumplir sus condenas de entre cuatro y seis años de prisión.
Conflicto por las tierras
Marina Cué es una propiedad de 1.748 hectáreas, ubicada en Curuguaty. Estas tierras fueron entregadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) para ser usadas por la Armada Nacional. La transferencia nunca se realizó.
En el 2004, el Poder Ejecutivo decretó que sean transferidas al Indert y destinadas a la reforma agraria. Pero poco después la firma Campos Morombí planteó una demanda de usucapión, alegando que ocupaba el terreno desde 1970 y consiguió una sentencia a su favor, en el 2005.
La Procuraduría General de la República y el Indert plantearon acciones autónomas de nulidad, alegando que el Estado no fue partícipe del proceso por la usucapión. La acción de la Procuraduría es estudiada por la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años.
Tanto el Gobierno como el Grupo Riquelme pretenden seguir adelante con una polémica donación para convertir el terreno en una reserva forestal a cargo del Estado.
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En el 2015, el Congreso aprobó una ley por la cual se acepta la donación de la propiedad por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica a cargo de la entonces Secretaría del Ambiente (Seam), actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
