Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
Lo que comenzó con una gestión aparentemente rutinaria para recuperar una habilitación vehicular extraviada terminó exponiendo esta semana un presunto esquema de falsificación de documentos públicos y cobros irregulares en las inmediaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este.
El caso puso bajo la lupa la actuación de un supuesto gestor y abrió una preocupación mayor dentro de la Comuna, que ahora busca determinar si existen otros contribuyentes que hayan recibido documentos similares y si detrás de las habilitaciones que no aparecen en los registros oficiales podría existir una estructura con más participantes.
La situación salió a la luz el lunes 24 de agosto, cuando una ciudadana extranjera acudió al sector de Impuesto al Rodado para averiguar qué había ocurrido con el duplicado de su habilitación. La mujer ya había recurrido anteriormente a un hombre que se presentaba como gestor y que, según su relato, realizaba trámites municipales.
En la primera oportunidad había pagado alrededor de G. 350.000 por la habilitación de su vehículo. Tras extraviar el documento, volvió a contactar con el mismo hombre y le entregó nuevamente una suma similar para gestionar el duplicado.
Sin embargo, los días pasaron y el documento nunca llegó. Ante la falta de respuestas, la mujer decidió acudir personalmente a la Municipalidad para verificar si el trámite había sido iniciado.
La consulta terminó revelando una situación inesperada. La afectada presentó una fotografía de la habilitación que había recibido anteriormente y el documento llamó inmediatamente la atención de los funcionarios.
La firma. El jefe de Rodados, Carlos Portillo, observó la documentación y detectó que la firma que figuraba en la habilitación no coincidía con la suya. Ante la sospecha de adulteración, la Municipalidad decidió verificar, además si el documento contaba con respaldo dentro del sistema institucional.
La consulta informática confirmó que no existía ningún registro de habilitación ni trámite de renovación relacionado con el vehículo de la mujer. La documentación aparentaba haber sido emitida por la Municipalidad, pero no existía constancia de que hubiera pasado por los procedimientos administrativos correspondientes.
A partir de ese momento, el caso fue comunicado a la Asesoría Jurídica y al personal de Seguridad de la Municipalidad. La prioridad pasó a ser localizar al hombre que había realizado las gestiones y establecer si se trataba de un caso aislado o si podía haber otros contribuyentes involucrados.
El supuesto gestor acostumbraba operar en las inmediaciones de la sede municipal, donde ofrecía sus servicios a personas que llegaban para realizar trámites. Finalmente, fue localizado cuando regresó nuevamente a la zona para realizar otras gestiones.
El hombre fue interceptado por agentes de la Comisaría 1ª sobre la avenida Pampliega y fue identificado como Emiliano Ramón Rivas Arce, mayor de edad. Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su poder una habilitación vehicular y el correspondiente distintivo municipal o sticker.
La documentación correspondía a un Fiat Argo registrado a nombre de Lavinia Santana Dos Santos. Los documentos fueron sometidos a una nueva verificación ante funcionarios municipales y el asesor jurídico de la institución, abogado Daniel Ledesma, constató que también eran apócrifos, ya que no existía en el sistema ningún trámite de renovación o habilitación relacionado con ese vehículo.
Brasileños. Ciudad del Este recibe permanentemente a numerosos ciudadanos brasileños que cruzan la frontera para estudiar, trabajar, realizar actividades comerciales o establecerse en la ciudad. Para muchos, los procedimientos administrativos paraguayos son desconocidos y las diferencias de idioma representan una dificultad adicional.
Esta situación puede generar dependencia de terceros para realizar gestiones que podrían concretarse directamente ante las instituciones. Personas que desconocen los procedimientos, costos y canales oficiales pueden ser abordadas por individuos que se presentan como gestores y aseguran tener contactos o capacidad para agilizar documentación.
El riesgo aumenta cuando el contribuyente desconoce cuánto debe pagar oficialmente. En el caso investigado, la afectada manifestó haber entregado unos G. 350.000 por la habilitación y posteriormente una suma similar por el duplicado. Desde la Municipalidad señalaron que el costo oficial del trámite rondaría los G. 30.000.
Con el sospechoso detenido y a disposición del Ministerio Público y de la Justicia Ordinaria, la investigación deberá determinar cómo fueron confeccionadas las habilitaciones, de dónde provinieron los datos utilizados para completar los documentos y quiénes participaron eventualmente en su elaboración, impresión, firma o distribución.
También deberá establecerse si Rivas Arce actuaba solo o formaba parte de una estructura con otras personas. La existencia de más de una habilitación en su poder constituye un elemento que deberá ser analizado, al igual que los antecedentes de los trámites que supuestamente habría realizado para otros contribuyentes.
Advertencia
La Municipalidad de Ciudad del Este recordó que no cuenta con personas autorizadas para actuar como gestores particulares en representación de la institución. La recomendación es realizar los trámites directamente en las oficinas municipales o mediante los canales oficiales habilitados.
Antonio Del Puerto, director de Comunicaciones, instó a verificar previamente los costos, exigir comprobantes y evitar entregar dinero o documentos personales a personas que se presentan informalmente como gestores y prometen agilizar procesos mediante supuestos contactos dentro de la Municipalidad.
La advertencia cobra especial importancia para los extranjeros que llegan a Ciudad del Este y todavía no conocen la estructura administrativa local. La barrera del idioma, el desconocimiento de los procedimientos y la confianza en intermediarios pueden convertir un trámite sencillo en una puerta de entrada para una eventual estafa o para la entrega de documentos falsificados.
Ahora, el expediente queda en manos del Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar si Emiliano Rivas Arce actuaba individualmente o dentro de un esquema más amplio, identificar a eventuales cómplices, establecer si existen más documentos presuntamente falsificados y determinar si hubo participación o colaboración de funcionarios municipales.
