La Fiscalía de Delitos Económicos aceptó una salida procesal en el caso de Héctor Romero, quien fue imputado por producción de documentos no auténticos. Según una denuncia, el procesado, supuestamente, se apoderó de fondos que debían ser para obras públicas.
Al respecto, el abogado Raúl Caballero negó que su cliente se haya apoderado de esa suma de dinero y alegó que eso “no fue objeto de la investigación penal”.
Sostuvo que la Fiscalía y el Juzgado consideraron que no hubo incremento patrimonial del acusado, por lo que dispusieron la salida procesal. Romero deberá pagar G. 1 millón durante 12 meses.
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Caballero afirmó que lo que existió fue “una aceptación objetiva de los hechos (presentación de un documento que resultó ser no auténtico, que le fue proporcionado por una persona, cuya responsabilidad no se pudo acreditar)”.
En ese sentido, el representante legal de Romero indicó que hubo una petición de una salida legal distinta al juicio oral y público que lleva aparejada una propuesta de reparación social.
Además, recordó que el denunciante sobre el supuesto desvío de fondos, no fue parte del proceso, por lo que afirmó que no podía hablar con propiedad. Agregó que las obras fueron ejecutadas, por lo que el dinero fue utilizado para tal efecto.
Mencionó que “el problema se radicó en la documentación y no en las obras en sí mismas, o con algún desvío de fondos públicos”.