Como cada año, el debate sobre el reajuste del salario mínimo legal (SML) se intensifica en este periodo con miras al aumento anual y expone los posicionamientos diversos y reivindicaciones de cada sector: empleados y empleadores, que se centran en la pérdida del poder adquisitivo y ponen bajo la lupa la fórmula de la inflación.
Por un lado, los trabajadores exponen sobre la pérdida del poder adquisitivo frente al reajuste anual por inflación, que no satisface al bolsillo del trabajador, por lo que claman un 25% de incremento, un monto de más de G. 700.000. Este sector insiste en una reforma en el mecanismo de ajuste.
Por el otro frente, los empresarios defienden el uso de la variable interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP), para determinar el ajuste. Ante este escenario repetitivo de cada año, los empleadores y empleados pujarán las negociaciones esta semana en el marco de la reunión anual del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), espacio tripartito en el que se define el incremento anual del SML.
Los trabajadores piden un aumento del 25%, pero los empresarios defienden que se cumpla la ley del Código del Trabajo y que se mida según la variación interanual del IPC, es decir, la inflación, según manifestó la semana pasada Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
EVOLUCIÓN. Desde el año 2016, por ley se establece que el ajuste del salario mínimo sea en función de la variación interanual del IPC. En 9 años, del 2016 al 2025, se concretaron 7 actualizaciones salariales, según el informe del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
El reajuste más elevado se produjo en el 2022, con un incremento del 11,4%. Pero el promedio anual es de 4,6% en los últimos 8 años. El salario mínimo en el 2016 subió 7,7% (140.452) y el reajuste alcanzó G. 1.964.507. En el 2017, el IPC fue de 3,9% (76.616) y aumentó en G. 2.041.123. En el 2018, el IPC alcanzó 3,5% (71.439) y el salario ascendió a G. 2.112.562.
En el 2019, el aumento fue de 3,8% (80.277) y se incrementó a G. 2.192.839. En el 2020, no se realizó el reajuste y el monto permaneció en G. 2.192.839, debido a la pandemia del Covid-19. En el 2021, la inflación fue de 4,4% (96.485) y el salario alcanzó G. 2.289.324
En el 2022, el IPC fue de 11,4% (260.983), el más elevado, y el salario se ajustó a G. 2.289.324. En el 2023, fue de 5,5% (130.066) y aumentó a G. 2.680.373. En el 2024, el salario mínimo tuvo un reajuste del 4,4% (117.936) y alcanzó G. 2.798.309. En el 2025, el incremento fue de 3,6% (100.739) y el monto se fijó en aumento, fue de G. 2.899.0481.
Desde el 2016 al 2025, el aumento total fue de solo G. 1.074.993 y el porcentaje de inflación fue de 48,2%.
PANORAMA. En el país solo el 15,5% (269.485) percibe un salario equivalente al salario mínimo, según datos del 2025. El resto, 40,2%, (701.776) percibe un monto menor. Según un análisis de la pérdida del poder adquisitivo, se revela que el uso exclusivo del IPC no refleja el costo de vida real de los sectores con ingreso de salario mínimo.
Sectores gremiales y parlamentarios impulsan una nueva fórmula que incluya no solo el IPC, sino el PIB per cápita, incluso la productividad y el IPC de alimentos, según un proyecto de ley.
El ajuste del año pasado fue de solo 3,6% y con un incremento a G. 2.899.048, usando los datos del IPC. Pero si se hubiera aplicado una fórmula del proyecto de la senadora Esperanza Martínez, que no fue aprobado, y que proponía incorporar el IPC de alimentos o tomar este índice si es el que presenta un mayor aumento en el año, el ajuste hubiera sido de 4,25%, elevando el SML a G. 2.917.307.
Con una nueva fórmula que suma productividad, brecha salarial y el IPC u otro indicador que se tome como base en la medición de precios de la canasta de consumo, propuesta del proyecto de ley de Martínez y la senadora Yolanda Paredes, el salario mínimo debería ajustarse 7,65% (G. 221.777), lo que arrojaría un salario mínimo de G. 3.120.825.
