Tomás Rivas debía presentarse este jueves a las 8.00 ante el juez penal de Garantías Raúl Florentín para su audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso por el cual fue acusado el legislador se elevaba a juicio oral y público.
Sin embargo, el diputado colorado alegó problemas de salud para no presentarse, por lo que la diligencia se suspendió. Florentín dispuso que un equipo médico vaya hasta el domicilio del parlamentario para cotejar su situación, informó Telefuturo.
El Ministerio Público acusó a Rivas por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios y solicitó un juicio oral.
La causa penal a Rivas se inició en mayo de 2018, cuando el fiscal anticorrupción Luis Piñánez lo imputó por presuntamente haber hecho figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que, en realidad, trabajaban exclusivamente en propiedades privadas de la familia del parlamentario.
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Se trata de un empleado de su quinta en el Departamento de Paraguarí (Lucio Romero), un empleado de un comercio familiar en Ybycuí (Nery Franco) y el casero de su residencia en Lambaré (Reinaldo Chaparro). Todos ellos también fueron imputados por el Ministerio Público.
La investigación fiscal se abrió a raíz de publicaciones periodísticas de ÚH que corroboró que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso no prestaban servicio alguno en la sede legislativa.
La acusación de la Fiscalía se sustenta principalmente en el informe técnico de registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que los tres supuestos funcionarios declararon como suyas en sus legajos de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
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El informe señala que ninguno de ellos estuvo siquiera cerca del Parlamento en los días en los que Rivas participó de sesiones extraordinarias y ordinarias en la Cámara entre julio de 2016 y marzo de 2017.
Por su parte, el legislador sostiene que es inocente y que, a pesar de lo que digan sus detractores, este no es un caso idéntico al ex diputado José María Ibáñez, quien renunció luego de ser procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados particulares de su quinta en Areguá.
