Es una lástima; hubiera sido de lo más divertido. Hernán Rivas, acorralado por el ridículo, se va del Senado. Ha cancelado la anunciada función circense en la que presentaría a una decena de compañeros de facultad y a algunos de sus profesores.
Nunca sabremos qué pudo haber pasado; en cualquier caso, la intriga habría sido fantástica. ¿Veríamos a testigos falsos, escrutados por todo el mundo, lanzados a la misión suicida de legitimar un título apócrifo? ¿O quedaríamos todos con la boca abierta porque esas personas nos convencían de que Rivas se desvelaba entre tomos de Derecho Romano y tratados de Civil?
No habrá espectáculo porque Honor Colorado ya no pudo sostener esa “pelota tata” que enervaba hasta a los más disciplinados. En realidad, nadie entiende por qué lo defendieron tanto tiempo; hasta para la impunidad hay límites de paciencia. Este escándalo, que ya califica como el mayor de nuestra historia judicial, expone no solo el atrevimiento del sujeto, sino la humillación de instituciones enteras. Es una de las tramas más grotescas de nuestra esmirriada democracia. La figura de Rivas es un monumento al cinismo institucional: un hombre que juzgaba a magistrados y fiscales sin haber pisado, aparentemente, un aula de Derecho.
La situación es un insulto a la inteligencia.
Durante años, Rivas fue el gran inquisidor con un título que parece haber brotado por generación espontánea. Su caída no es solo la de un individuo; es el colapso de un sistema que permitió que la mediocridad más absoluta se sentara en el trono de la Justicia. Rivas no llegó solo al JEM; lo hizo de la mano de autoridades universitarias que firmaron papeles imposibles y de funcionarios que fingieron demencia cuando se comprobó que apenas sabía leer. El desfile de la vergüenza continuó con los ministros de la Corte Suprema que, ignorando las alarmas de la prensa, le entregaron la matrícula.
Los diputados de Honor Colorado y sus leales aliados lo designaron representante en 2020, cuando ya arreciaban las sospechas sobre su idoneidad. En septiembre de aquel año, el entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió una nota oficial a la Cámara de Diputados advirtiendo sobre “dudas razonables” de la legalidad de su título. Peor aún: cuando años después Rivas fue electo senador, lo nombraron nuevamente ante el Jurado. La soberbia de la hegemonía: para que aprendan los críticos.
El Colegio de Abogados del Paraguay ya lo calificaba entonces como incapaz de entender textos jurídicos básicos. Su título había sido registrado en el Ministerio de Educación en apenas cuatro horas, un trámite que suele durar meses. Y aquí ocurre lo surrealista: por increíble unanimidad, el 10 de julio de 2023, Rivas se convirtió en presidente del JEM. Fue mocionado por el representante del Ejecutivo, Enrique Kronawetter, y votado por los siete miembros presentes.
Llegados a este punto, es fundamental señalar el pecado de omisión. A los gremios de abogados y jueces les faltó el coraje civil para adoptar posturas firmes que paralizaran el sistema hasta aclarar la idoneidad del “juez de jueces”. Muchos temían represalias; como Rivas tenía el poder de destituirlos, el gremio actuó con sumisión estratégica. Solo que el silencio de los abogados permite que su propia profesión pierda valor. Si cualquiera puede serlo con un papel impreso en un día, el esfuerzo de miles de estudiantes se vuelve irrelevante.
Pero cuidado: que su renuncia no nos confunda. El “modelo Rivas” es el triunfo de la mediocridad blindada por el poder. ¿Cuántos miles de abogados falsos que no llegaron tan lejos pululan por ahí? Rivas nos deja una lección aterradora sobre el envilecimiento institucional. Aunque reconozco que, para no tomarme esta realidad tan en serio, me hubiera encantado asistir a esa reunión de “exas”.
