En la semana pasada dos declaraciones explosivas dirigidas al Gobierno fueron crudamente contundentes. En ambos casos, los mensajes al presidente y a los poderes del Estado acusan abiertamente de corruptos e ineficientes a los que gobiernan el Paraguay.
En primer lugar, el título de arriba reproduce un llamado “patriótico” en tono desesperado realizado por el Ing. Luis A. Pettengill, a sus correligionarios ladrones, en función de Gobierno, rogándoles se den un plazo para la abstinencia en el ejercicio de sus actividades delictivas, de por lo menos seis meses. El empresario y político les pidió un esfuerzo solo temporario. Textualmente, lo dicho: “Muchachos, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a dejar de robar por lo menos hasta diciembre”. El objetivo es el de suspender momentáneamente el asalto a las arcas públicas, sin pelos en la lengua, con una advertencia concreta en caso de incumplimiento, la pérdida del poder. El político colorado hizo esta confesión sin ponerse “colorado”, es decir, sin ningún tipo de pudor, ¡oh sorpresa!, delante de la falta angustiante de recursos en el Estado paraguayo para el pago de deudas superatrasadas con constructoras de obras públicas y proveedoras de medicamentos. “No hay remedios, no hay nada, esto es un desastre”, dijo Pettengill para confrontarnos con la verdad. Por lo que se puede ver el robo de los recursos públicos es el “orden natural” en el Paraguay: La ciudadanía permanece anestesiada ante esta declaración, y la Fiscalía ni se dio por enterada.
En segundo lugar, el presidente de la Feprinco, rodeado de emblemáticos capitanes del sector privado se mandó un discurso de alto voltaje acusando al Gobierno de “prebendarismo galopante, populista, corrupción que ya no se oculta, nepotismo, podredumbre moral, oportunista, etc.”. Es decir, de lo peor.
Estos dos acontecimientos colocan al Paraguay ante un dilema estructural. En especial el manifiesto de la Feprinco. Quién paga los ajustes y las reformas con crisis que se vienen por delante. Desde hace un buen tiempo venimos señalando que la reconfiguración de las relaciones de poder en el marco democrático impone a los actores económicos tradicionales, históricamente vinculados a estructuras oligárquicas, la necesidad de abandonar sus espacios de influencia indirecta para involucrarse de manera explícita en la arena política. En este contexto, el reciente comunicado de la Feprinco constituye una evidencia empírica particularmente significativa de este desplazamiento, marcando un punto de inflexión en la forma en la que los sectores empresariales ahora deciden intervenir en la dinámica política contemporánea.
Antes de que se declarara la economía de guerra y de que se fuera el ministro CFV, habíamos advertido que estábamos delante del colapso del modelo económico y del resultado lógico de un sistema político deliberadamente perverso, ambos, afectados por serias contradicciones. Para ejemplificarlas se usó el marco conceptual de James Buchanan, premio Nobel 1986, quien decía que en un mercado hay tres o cuatro jugadores. El productor, el consumidor y el político, con el técnico. Los dos primeros son seres egoístas que buscan maximizar beneficios. Para eso, el primero busca cobrar el máximo precio posible y el segundo busca pagar el menor precio posible. Ambos llegan a un acuerdo en un punto intermedio satisfaciendo sus intereses por medio del precio de equilibrio, la oferta y la demanda funcionando en el mercado. El productor no cobra lo máximo y el consumidor no paga lo mínimo. Ambos hacen un intercambio beneficioso. Ahora bien, qué pasa en el mercado cuando se encuentran en una UOC del Estado paraguayo, por ejemplo, el productor ambicioso y el político deshonesto, acompañado del técnico inescrupuloso. Estos dos últimos no son marcianos, están afectados por las mismas bajas pasiones de los dos primeros. El empresario quiere sobrefacturar alcanzando el mayor precio posible y el político quiere quedarse con una tajada. Buchanan dice que solo los límites que impone la verdadera democracia, aquella donde rige el principio del interés afectado, puede impedir la corrupción en estos casos, evitando que se negocie a un precio muy elevado, con tajadas para todas las partes, menos para el elector ciudadano, también consumidor. Sin democracia nadie regula a nadie.
Esto es evidente. Tanto el pedido de Pettengill como la declaración del presidente de la Feprinco tienen dos grandes incoherencias. El primero pide dejar de robar para no perder el poder. Solo por eso, no porque robar sea algo ilegal que pueda tener consecuencias penales, o porque la gente se está muriendo en los hospitales. La segunda, luego de tratar de lo peor a la gestión en el Estado, dice que confía en el liderazgo del presidente, el jefe de Estado, para resolver los problemas. ¿Qué tal?
Sigamos. El reciente manifiesto de las élites económicas no es simplemente una declaración gremial ni un listado de reclamos. Es, en esencia, un documento político que revela con nitidez la tensión central que comienza a atravesar la economía y la política. Esta consiste en la disputa por quién absorberá el costo de la próxima corrección fiscal. Los políticos y su casta o los productores y trabajadores también consumidores.
El diagnóstico del empresariado es, en gran medida, acertado. Señala con claridad problemas estructurales persistentes: Estado ineficiente capturado por lógicas clientelares, sistema previsional desequilibrado, el gasto público que no logra traducirse en servicios de calidad y una economía donde la informalidad distorsiona la competencia y limita la recaudación.
También advierte sobre los riesgos del cortoplacismo político. En otras palabras, las decisiones orientadas exclusivamente por el calendario electoral, reformas postergadas y una tendencia a utilizar recursos públicos como herramientas de construcción de poder. Sin embargo, el manifiesto también deja ver, aunque no lo diga explícitamente, una posición igualmente clara: El sector empresarial no está dispuesto a ser el que pague el costo del reordenamiento del sistema.
La propuesta de solución implícita ya es bastante conocida: Disciplina fiscal, eficiencia y calidad del gasto, ampliación de la base tributaria y fortalecimiento de las reglas de mercado. Ojo, sin hablar muy claro de la corrupción pública y privada en las compras del Estado. Parece ser un camino razonable. El problema no está en el diagnóstico, sino en la distribución del esfuerzo. Cuando se afirma que no se debe “asfixiar a quienes sostienen el sistema”, no se está formulando un criterio estrictamente económico, sino que se está delimitando un umbral político sostenido en la capacidad de veto de quienes lo enuncian. Son los actores con poder suficiente como para bloquear decisiones que afecten sus intereses. En ese marco, la advertencia no solo fija un límite, el de evitar aumentar la carga sobre los sectores formales y productivos, además, busca condicionar y redirigir el curso de la solución hacia opciones compatibles con su posición, excluyendo de antemano aquellas que podrían alterar el (des) equilibrio de poder existente. Cuando se insiste en combatir la informalidad como solución fiscal, se traslada el foco hacia los sectores más débiles del sistema económico, quizá cuentapropistas y changadores. (Los sectores marginales delictivos nunca van a formalizarse). Y cuando se rechazan políticas salariales o intervenciones del Estado, se descarta cualquier mecanismo directo de compensación social adicional a la actual. Es más, “todas las carencias de la sociedad se deben exclusivamente al malgasto del Estado”. El resultado es una ecuación implícita: Ajustar el Estado sin alterar de manera significativa la estructura de privilegios del poder económico, aunque este también negocia con el poder político beneficios especiales.
Aquí es donde el análisis económico debe abrir paso a una reflexión política más profunda. El Paraguay ha sostenido durante décadas un equilibrio inestable, pero funcional. La fórmula es la baja presión tributaria con alto nivel de informalidad, servicios públicos deficientes y un sistema político basado en la distribución selectiva de beneficios. Ese equilibrio se agotó. El crecimiento económico ya no alcanza para compensar las ineficiencias del sistema, el déficit fiscal que presiona y las demandas sociales, todavía fragmentadas, que comienzan a acumularse. En ese contexto, intentar resolver la crisis sin tocar los privilegios estructurales –trasladando el peso solo hacia la clase media, los contribuyentes formales y el propio Estado con cortes de gastos– implica asumir un riesgo político considerable donde la clase política estaría obligada a responder a las demandas sociales ahora ya con algo de mano dura para mantener el equilibrio funcional. Si se anima. Lo que los paraguayos deben entender es que la política de ajuste tiene un límite y ese límite no es técnico, es social.
La historia económica ofrece una advertencia recurrente. Las crisis económicas no generan por sí mismas respuestas disruptivas, solo las hacen cuando sus costos se distribuyen de una manera que es percibida como injusta. En esos casos, la desigualdad en la asignación de las cargas erosiona la legitimidad del sistema, activando marcos morales de indignación y abre el espacio a formas de acción política no convencionales.
Y, cuando la percepción de injusticia se vuelve masiva, el elector ciudadano, también consumidor, deja de comportarse de manera predecible. Aparecen liderazgos antisistema, discursos de ruptura y demandas de intervención más radicales. La pregunta clave no es si Paraguay enfrentará tensiones en el futuro. La pregunta es cómo se distribuirán esas tensiones porque si el ajuste recae exclusivamente sobre una clase media ya presionada por el costo de vida, los empobrecidos desesperados, los trabajadores formales que sostienen el sistema tributario y un Estado que reduce ostensiblemente su inversión social en servicios esenciales sobre todo de salud, por ejemplo, mientras los sectores de mayor poder económico logran preservar su posición relativa, entonces el resultado no será estabilidad, sino acumulación de malestar. Y ese malestar, tarde o temprano, puede encontrar una expresión política.
El empresariado plantea un camino orientado a la eficiencia, pero la sostenibilidad de un modelo económico no depende solo de su eficiencia, sino también de su legitimidad y eso no parece entenderse muy bien. Un sistema puede ser técnicamente correcto y, al mismo tiempo, políticamente inviable. Repetimos, si la sociedad percibe que el esfuerzo no es compartido, que los costos se socializan mientras los beneficios se concentran, entonces la demanda por corrección no será gradual ni ordenada. Será abrupta.
El manifiesto empresarial advierte sobre la corrupción y sobre riesgos de no hacer las reformas, pero omite una advertencia igual de importante, el riesgo de hacerlas mal. Ajustar sin redistribuir, ordenar sin equilibrar, exigir sin compensar, pueden ser decisiones tan peligrosas como no hacer nada. Saben por qué, porque en economía como en política hay una regla que nunca falla: Cuando la soga se tensa demasiado, no solo se rompe la soga… a veces también se rompe el sistema. Y en ese escenario, ni el Estado ni la clase media ni el propio empresariado, nadie queda finalmente indemne.
- El reciente manifiesto de las élites económicas no es simplemente una declaración (...). Es, en esencia, un documento político que revela con nitidez la tensión central que comienza a atravesar la economía.
- La fórmula (inestable) es la baja presión tributaria con alto nivel de informalidad, servicios públicos deficientes y un sistema político basado en la distribución selectiva de beneficios. Ese equilibrio se agotó.
