El ex senador y constitucionalista Hugo Estigarribia consideró que ante la resolución de la Junta Municipal de Mariano, que prohíbe el servicio de transporte de Uber y MUV en la ciudad, podría plantearse una acción de inconstitucionalidad, ya que se atenta contra el derecho a trabajar.
“No hay normativa que regula la aparición de los ubers y de los muvers. Al no haber norma, rige la Constitución Nacional y esta establece la libre competencia. Acá no hay monopolios. Es muy claro el principio constitucional”, explicó el abogado.
Estigarribia también afirmó que “ninguna municipalidad puede prohibir que se trabaje”. Agregó que la resolución no puede ser considerada como una normativa, ya que al no tener un aval del Ejecutivo, en este caso del municipal, no tiene carácter de ordenanza.
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El letrado habló de la necesidad de legislar el servicio. Al respecto, indicó que entre las instituciones que podrían regularlo se encuentra la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
“Yo creo que es una institución de alcance nacional, la Secretaría de Defensa al Consumidor es la que puede regular a nivel nacional”, comentó a radio 1000 AM.
Añadió que también podría entrar en el análisis el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ya que existe una contraprestación de dinero, y finalmente los municipios a nivel local. “Un proyecto de ley de intermediación de transporte privado puede ser inspirado por la Sedeco o el MIC, por parte del Ejecutivo”, refirió.
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La prohibición está fuera de alcance en ruta nacional
Por su parte, el diputado cartista Basilio Núñez recordó que la Transchaco es una ruta nacional y las prohibiciones recaen sobre la Patrullera Caminera. Afirmó que, en tal sentido, la Policía Municipal no puede atajar a ningún conductor.
Núñez también coincidió en que una resolución de la Junta Municipal no tiene fuerza legal para prohibir el uso de Uber o MUV, y que, por lo general, solo sirve como declaración, informó la radio 800 AM.
El diputado señaló que ya se encuentra investigando sobre el tipo de legislación para la plataforma y reconoció la necesidad de emitir una ley o, de lo contrario, se seguirá entrando en una arbitrariedad. Sin embargo, apuntó que el servicio no solo realiza una intermediación desde la plataforma, sino que ejerce como un transporte opcional, por lo que se regulará de esa manera.
La aplicación de las plataformas alternativas de transporte público MUV y Uber generó la reacción, principalmente, de los taxistas, quienes no aceptan la competencia.
En Asunción, la Junta Municipal aprobó un pedido para que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realice un control riguroso sobre las paradas de vehículos al servicio de las plataformas MUV y Uber, que se crean ilegalmente en puntos de gran concurrencia de gente.
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La semana pasada, taxistas apostados en la Terminal de Ómnibus de Asunción y conductores de Uber protagonizaron un conflicto que derivó en el cierre de los accesos del lugar. El hecho se replicó también en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
