10 ago. 2025

Renuncia del diputado Arévalo no debe impedir investigación

Debe profundizarse la investigación de las acciones que se presumen fueron cometidas por el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, quien se vio involucrado en los chats hallados en el celular del diputado colorado Eulalio Lalo Gomes. Aquellas conversaciones han develado un presunto esquema de corrupción pública en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Se debe aclarar si Arévalo, cuando integró el Jurado, incurrió en el uso indebido de influencias. Por la democracia y por la Justicia, debe proseguir la investigación.

Después de dos semanas de haberse iniciado el escándalo ahora denominado Lalo Gate, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del colorado cartista Orlando Arévalo, quien se había visto involucrado en los chats hallados en el celular del diputado colorado fallecido, Eulalio Lalo Gomes, que revelaron un presunto esquema de corrupción pública en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Recordemos que el ahora ex parlamentario había presentado su renuncia, después de que en las conversaciones halladas pusieran en evidencia un presunto esquema de corrupción pública, favores y blanqueo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Coincidentemente con el 3 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Democracia, que recuerda la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, un informe remitido a la Fiscalía por el juez Osmar Legal sobre los datos extraídos del celular del fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, mostraba indicios de corrupción pública que involucraban a un diputado colorado, dos fiscalas y una jueza de Pedro Juan Caballero. Dichas conversaciones vía aplicación WhatsApp, entre el fallecido diputado Gomes con el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura, Stella Mary Cano y la jueza de Pedro Juan Caballero, Sadi Estela López, evidenciarían un esquema de corrupción en el sector público y la manipulación de la Justicia.

Entre las capturas destacan mensajes en los cuales la jueza penal Sadi López le pide su “apoyo” a Lalo Gomes en una causa en su contra que fuera derivada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En los mensajes, la magistrada le solicitaba cómo quería que se resolviera el caso, que terminó con su absolución. En la comunicación con la fiscala antidrogas Katia Uemura y Lalo Gomes se destapa un presunto tráfico de influencias. El entonces diputado Orlando Arévalo habría intercedido en favor de la agente del Ministerio Público en una investigación abierta en el JEM por presuntos nexos con el narcotráfico. Gomes le comunicó a la fiscala que el entonces presidente del JEM, Orlando Arévalo, le iba “a solucionar”. Al final, la investigación fue archivada. Otra de las evidencias consiste en diálogos entre la fiscala Stella Mary Cano y el entonces diputado y miembro del JEM Orlando Arévalo, en los que hablaban sobre causas en el JEM. Hay que tener en cuenta que el JEM salvó a Stella Mary Cano en enjuiciamientos por mal desempeño de funciones en los casos del ex intendente Mario Ferreiro y Mocipar.

Es inadmisible que este caso quede impune.

Eulalio Lalo Gomes había muerto en agosto de 2024 durante un allanamiento de su residencia en el operativo Pavo Real. Él estaba imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, y también estaba conectado, según medios del Brasil, con narcotraficantes de dicho país, además de ser antiguo colaborador de Jarvis Chimenes Pavão, quien trabajaba con el Primer Comando Capital.

Eulalio Lalo Gomes intermediaba, según el informe presentado por el juez Legal, entre el ex diputado Orlando Arévalo en su papel de titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y varios magistrados que eran investigados por mal desempeño.

Si no se investiga para llegar hasta el fondo de este presunto esquema de corrupción pública y tráfico de influencias, deberemos resignarnos una vez más a la impunidad.

Pero sobre todo, estaríamos permitiendo que persista la posibilidad de que una autoridad vinculada al narcotráfico organice la forma de impartir justicia, lo que claramente atenta contra la democracia y el Estado de derecho.

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