El camarista Arnaldo Martínez Prieto renunció a su cargo, según se conoció este viernes, alegando una falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia. El renunciante está enjuiciado por su fallo en el caso Curuguaty, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La denuncia en su contra fue presentada por la propia Fiscalía General del Estado, según informó el periodista Raúl Ramírez. La misiva incluyó también a Emiliano Rolón y Cristóbal Sánchez por mal desempeño de sus funciones.
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Martínez Prieto junto con Rolón fueron los que votaron a favor de anular la sentencia contra los campesinos condenados por el caso Curuguaty.
En su momento argumentaron que hubo una falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal.
En noviembre del 2018, Martínez Prieto planteó un amparo constitucional contra el JEM por sentirse “lesionado gravemente en sus derechos y garantías consagradas en la Constitución”. Alegó que no podía acceder a las denuncia presentada por la fiscala general, Sandra Quiñónez, ante el organismo extrapoder.
Denuncia
En agosto del 2018, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó una denuncia por mal desempeño contra los jueces que absolvieron a los campesinos condenados por el caso Curuguaty.
Once labriegos fueron condenados por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble, tras la masacre que ocurrió en el 2012 en un contexto de conflicto de tierras. Esta decisión fue ratificada en el mes de mayo del 2017 por un Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá.
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El 15 de junio del 2017, tras la sentencia firme de los 11 campesinos, los abogados defensores habían presentado un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones.
Los miembros de la Sala Penal Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón votaron por anular la sentencia y absolver directamente a todos, mientras que el camarista Cristóbal Sánchez dejó constancia de que votaba por la anulación, esperando que se realizara un nuevo juicio.
La masacre
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
