“Se declaró asueto, así como lo había pronosticado, perdiendo una valiosa semana de acceso y análisis de esta documentación”, indicó el edil antes de que se diera el ingreso oficial de la rendición en la mañana de este miércoles, durante la sesión ordinaria.
El director de Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Hugo Martínez, respondió a Última Hora que la remisión del documento en una fecha límite (el funcionario aseguró que se enviaría el 31 de marzo) está contemplado dentro del artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal, que detalla el procedimiento a seguir para la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria.
“La Junta Municipal considerará la rendición, dando su aprobación o rechazo en el plazo de cuarenta días de recibida dicha comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que la Junta Municipal se pronunciare se la tendrá por aprobada”, se expone en el artículo.
A esta demora se suma al cuestionamiento del presupuesto 2026, documento que expone un saldo “0" en la cuenta de bonos con el argumento de que ya no existe una Cuenta Única, motivo por el cual ya no es “requerido el reembolso” en las cuentas.
Desde la administración de Luis Bello informaron que ya no “disponen” de los recursos originales, según explicó el director de Hacienda, Víctor Rivas.
“Nosotros ya no disponíamos de esos recursos, de ninguna de las emisiones de los bonos (...), con lo cual no podemos nosotros, por una cuestión de programación presupuestaria, y de lo que dicen las leyes, incluir un saldo que ya no existe”, refirió el funcionario.
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El concejal Blasco objetó este argumento al indicar que, aunque físicamente el dinero ya no esté en las cuentas bancarias, su exclusión del presupuesto, y quizás también del balance, se trata de una irregularidad mayor: “En el banco efectivamente ya no está, pero tendría que haber sido reflejada en una cuenta ‘recupero’ o ‘reembolso’ del dinero de los bonos utilizados en otras cosas”.
Blasco fue tajante al señalar que la administración municipal está intentando “vender gato por liebre” a la ciudadanía y a los concejales por igual.
Además, comparó esta situación con las deudas que el Estado mantiene con el Municipio y cuestionó el hecho de que dichas deudas sí figuren en los documentos, a pesar de que el dinero no ingresa.
"¿Acaso no está reflejada la deuda del Estado? Y te pregunto, ¿cuánto hay en los bancos del dinero que el Estado abonó en concepto de sus deudas anteriores? Cero. Pero ¿por qué para el Estado sí está reflejada en la contabilidad y para la administración municipal no está reflejada en la contabilidad?”, cuestionó el edil.
Esta omisión es “grave”, en palabras de Blasco, y además podría liberar al administrador de la obligación de reponer los fondos.
“La omisión de la inclusión de los saldos de bonos no ejecutados es una omisión grave. Al no haber estado reflejado en el presupuesto, entonces esa obligación de gestión de reembolso desaparece muy muy convenientemente”, consideró.
Además, advirtió que al eliminar estas cuentas se pierde el blindaje legal que tenían los fondos: “Al no haber cuenta de reembolso, no hay blindaje y, por lo tanto, todo lo que ingresa es de libre disponibilidad. Muy conveniente. Es una especie de cuenta única también”.
Consultado sobre la decisión de la administración de Bello de “reponer” los bonos usando el dinero de la recaudación, Blasco también manifestó su rechazo.
“La respuesta, categóricamente, es que no se puede aplicar la recaudación de los tributos devengados y cobrados del ejercicio 2026 para reembolsar los fondos de los bonos mal utilizados”, indicó.
El reembolso, de acuerdo con el edil, debería provenir de otras diversas fuentes, como la cartera morosa o la gestión de cobros de ejercicios anteriores que ya estaban comprometidos como “calce” para la reposición.
Rechazo e incapacidad en el análisis de la rendición
Por su parte, el concejal Javier Pintos manifestó desde ya su rechazo a la gestión financiera, adelantando que podría inclusive no acompañar la aprobación de los informes de la intendencia.
Pintos recordó que ya votó en contra del presupuesto vigente debido a que se admitió abiertamente que las obras se terminarían con recursos propios y no con el dinero de los bonos que originalmente se emitieron para ese fin. Esto casi obliga a los ciudadanos a pagar dos veces por las obras que aún no se concluyeron.
“Yo voté en contra (...), porque el intendente dijo que va a proseguir la construcción de las obras con recursos institucionales, con ingresos genuinos. Entonces, ¿dónde están los saldos de los bonos?”, volvió a cuestionar el edil.
A su vez, el concejal Félix Ayala recordó que el dinero de los bonos fue usado para gastos corrientes, incluyendo el pago de salarios en 2023, lo cual quedó demostrado tras la intervención al Municipio.
Ayala también puso de manifiesto la debilidad institucional del control municipal en comparación con el del Gobierno central. Señaló que en la Comuna el proceso es inverso y altamente politizado.
“El control del Estado es previo Contraloría, previo al Congreso, y en las municipalidades es posterior al legislativo, que es la Junta Municipal”, dijo, y remarcó que, a diferencia del Parlamento, que recibe un informe técnico de la Contraloría antes de votar, los concejales deben votar primero y luego enviar el documento al ente rector.
Por esta razón, calificó la decisión de la Junta como un “voto político”, y argumentó que en la Junta no cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar una auditoría real.
“Este es un voto político, no es un voto técnico... Nosotros no tenemos primero la capacidad técnica aquí con nuestros técnicos de la Junta de hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque la auditoría de la Municipalidad está bajo la intendencia, no está bajo la Junta”.
