Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) anunciaron una reingeniería financiera con el objetivo de mejorar la provisión de medicamentos e insumos. Así como se anunció, las medidas previstas no resuelven los problemas de fondo, solo darán un respiro temporal. Una reingeniería real debe incluir la corrupción y los privilegios en las compras públicas y una auditoría integral de las tercerizaciones. El IPS debe asegurar que las adquisiciones de medicamentos, insumos y servicios tercerizados se justifiquen por su costo-eficiencia y necesidad, con la mirada puesta en los aportantes y usuarios y no en los intereses privados.
Las medidas anunciadas recurren a fórmulas tradicionales como recalendarizar deudas con la banca privada, diferir compromisos financieros y realizar reprogramaciones presupuestarias. Si bien pueden constituir soluciones urgentes para garantizar la provisión a corto plazo, no resuelven las causas estructurales de los problemas que aquejan a la entidad.
Una reingeniería que transforme el IPS en una institución con servicios de calidad exige evaluar y auditar el sistema de adquisiciones públicas y tomar las medidas que garanticen el valor por dinero, la efectividad y el impacto de cada uno de los contratos incluyendo todas las tercerizaciones que el IPS ha acumulado a lo largo de las décadas.
Por un lado, recalendarizar pagos bancarios para generar aire en el corto plazo no reduce la deuda, sino que la encarece a través de intereses diferidos que trasladan una carga mayor a ejercicios futuros. Por otro lado, disminuir montos sin un análisis previo de eficiencia, corre el riesgo de limitar la operatividad hospitalaria en áreas críticas sin haber corregido los sobrecostos de origen.
El drenaje de recursos de la institución no proviene únicamente de la falta de presupuesto, sino de un sistema de adquisiciones públicas contaminado y con muchos vicios. Mientras las soluciones se enfocan en reordenar saldos, la reingeniería debe erradicar distorsiones que aumentan los costos sin aportar eficiencia en el uso de los recursos y calidad al asegurado.
Es necesario eliminar la compra de medicamentos, insumos y servicios dirigidos o diseñados a la medida de proveedores vinculados con el poder político de turno. La existencia de tráfico de influencias, conflicto de intereses y puerta giratoria impunes limitan la eficiencia en las adquisiciones, beneficiando a un círculo privilegiado financiado con el aporte de los asegurados.
A esto se suma que el Estado paraguayo suele pagar precios superiores a los valores de mercado nacionales e internacionales por medicamentos e insumos. La justificación técnica habitual sobre el riesgo de cobro tardío se convierte en una profecía autocumplida, donde los proveedores inflan los precios para cubrir la mora del Estado y esa misma inflación de costos agota prematuramente el presupuesto de salud. Asimismo, es imperativo revisar críticamente los márgenes de preferencia. Aunque conceptualmente se conciben para incentivar la economía nacional, en la práctica han creado un sistema de privilegios para recargar precios sin agregar valor, transformación industrial ni estándares de calidad superiores, traduciéndose en una transferencia desde los aportes de los trabajadores hacia grupos empresariales prebendarios.
A la par de sanear las compras directas, el Instituto de Previsión Social debe desarmar la densa red de servicios tercerizados. Esto requiere aplicar un análisis riguroso de costo-beneficio para determinar si resulta más económico mantener contratistas privadas o recuperar la capacidad operativa propia. Asimismo, es urgente garantizar el cumplimiento de los contratos.
Para que la reingeniería anunciada sea creíble y no se convierta en una retórica de coyuntura para apaciguar las críticas, se deben implementar acciones estructurales concretas que visibilicen el interés real de las autoridades de mejorar sustancialmente los servicios de salud de la previsional.
