La gente está sufriendo los efectos del coronavirus, que se agregan al malestar anterior de servicios públicos de mala calidad, en parte por la inexistencia de un servicio civil profesionalizado.
Pero tampoco hay que ser irresponsables y proponer recortes salariales sin asumir que hay otros ámbitos en los que el sector público no funciona, como las adquisiciones públicas o la captura del Estado por parte de sectores políticos y empresariales.
El Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública deben presentarle a la ciudadanía las causas de los problemas que enfrenta el servicio civil, las soluciones a dichos problemas y la cuantificación de las causas y soluciones.
Dar por sentado que la reforma del servicio civil ahorrará al Estado una cifra que no tiene fundamento en un estudio serio es asumir que la ciudadanía es ingenua o estúpida, lo cual no es cierto.
Cualquier reforma en este ámbito debe estar debidamente sustentada y liderada por los organismos del Estado que corresponden.
El Ministerio de Hacienda es una más de las instituciones. La mala calidad del servicio civil no es solo un problema económico, sino fundamentalmente de carreras profesionales que deben ser diseñadas y administradas por cada una de las instituciones involucradas.
Alrededor del 70% de los recursos direccionados al pago de recursos humanos se concentran en salud, educación, seguridad y justicia. La reforma debe incorporar una propuesta de carrera docente, médica, policial, militar y judicial como mínimo.
Sin considerar este aspecto, cualquier propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda va a ser inútil en el objetivo de mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos, ya que no se alineará el sistema de incentivos al desempeño laboral.
Así, la propuesta será solo una estrategia coyuntural para disminuir la presión ciudadana para que al final en unos años ni haya mejorado la gestión ni haya aumentado la eficiencia de los recursos destinados al financiamiento del talento humano.
El proyecto que se presente en el marco de la reforma del aparato estatal debe, además, estar consensuado. De otra manera será como cualquier otro que, una vez aprobada la ley, no se implementa. Los ejemplos sobran.
La ciudadanía está cansada de la mediocridad del sector público. Esperemos que la propuesta de reforma del servicio civil que presente el Gobierno no sea igual que los montones de proyectos fracasados y con altos costos económicos y conflictividad social, ya que las soluciones que proponían no atacaban las causas, no se sustentaban en estudios de costo efectividad, no incluían todos los componentes necesarios y no se sostenían en la legitimidad social y política.
La corrupción imperante desde hace décadas en nuestro país tiene como uno de sus peores efectos la mala calidad de los servicios públicos. En esto la ciudadanía tiene mucho que opinar dado que una de las consecuencias de la escasa transparencia son los servicios públicos deficientes.
Este debería también ser una de las principales motivaciones para quienes gobiernan el país: el logro del bienestar para todos los paraguayos. La falta de eficiencia es una limitación a cualquier posibilidad de crecimiento económico y de bienestar de la población. Todos los poderes del Estado tienen responsabilidad en este problema.
El Gobierno no debe subestimar la inteligencia de la ciudadanía pretendiendo presentar una propuesta poco seria con el solo objetivo de tranquilizar momentáneamente el malestar ciudadano.
