28 may. 2026

Reflota pedido de juicio a ministros de la Corte

El diputado colorado Ramón Romero Roa solicitó la realización de una sesión extraordinaria para proseguir con el juicio político presentado contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay, pendiente desde el 2014.

El congresista presentó este miércoles la nota dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Derlis Osorio, a fin de poder dar continuidad al juzgamiento de los magistrados en la Cámara de Senadores, informó la periodista de Última Hora Diana González.

Blanco, Bajac y Garay fueron acusados por la Cámara Baja por mal desempeño en sus funciones y dieron inicio al juicio político en diciembre del 2014.

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El pedido se da en medio de los escándalos por los audios filtrados que salpicaron a autoridades, importantes políticos, jueces, fiscales y abogados. Incluso, derivó en la histórica expulsión del senador Óscar González Daher, quien ejercía la titularidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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En aquel entonces, el legislador dijo que la administración de la Justicia no estaba siendo cumplida a cabalidad y que se precisaba de ideas nuevas para introducir una reforma estructural dentro del poder judicial.

El proceso fue interrumpido tras la falta de cuórum en la Cámara Alta en el 2016 y hasta la fecha no se logró reunir los votos necesarios para continuar con el juzgamiento.

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José Bogarín, abogado de Sindulfo Blanco, pidió archivar el juicio político contra su cliente tras la falta de cuórum en las dos sesiones en las que se debía escuchar los alegatos de la defensa del acusado.

ACUSACIONES

Blanco cuenta con acusaciones por fallos contra la Constitución y el interés general (prevaricato); pérdida de la honorabilidad y de la dignidad; compraventa de tierras públicas e ignorancia de la ley, entre otros.

En cuanto a Bajac, citan como causales la utilización de la mentira para acceder al cargo y actitud maliciosa; la causa Zafiro y otras causas vinculadas a narcotraficantes; inconstitucionalidad planteada por la Municipalidad de Juan Manuel Frutos, nepotismo, tráfico de influencias y otros.

La causal en el caso de Garay señala el mal desempeño de funciones, “consistente en una excesiva, irritante y acostumbrada morosidad”.

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