Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo serán sometidos a juicio tras ser acusados de mal desempeño en sus funciones por la Cámara de Diputados.
La votación se hizo en forma nominal y por cada uno de los magistrados. Por Sindulfo Blanco votaron 59 legisladores a favor, 15 en contra y 3 se abstuvieron; Óscar Bajac reunió 57 votos y César Garay obtuvo 58 a favor.
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que ahora corresponde a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados.
Para iniciar el proceso se necesitó de arduas negociaciones para lograr los votos suficientes, teniendo en cuenta que había grupos en contra del juicio político. Eso se reflejó en el amplio debate durante la sesión y la votación ajustada a favor.
El diputado Ramón Romero Roa se encargó de explicar el dictamen a favor de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicando la necesidad de renovar a los ministros de la máxima instancia judicial, a la par de introducir una reforma estructural dentro del Poder Judicial.
Dijo que la Corte no cumplió debidamente su rol de administrar la justicia en la última década, por lo que se necesita de nuevas ideas para llevar adelante esos cambios. “No creo que la reforma se pueda dar con las mismas personas que por varios años son las responsables y nunca presentaron un proyecto para una reestructuración”, expresó.
Mientras que su colega Óscar Tuma explicó sobre el dictamen en contra de la remoción de los magistrados. Refirió que, primeramente, se necesita de una reforma estructural, antes de cambiar a las personas para que estas no sean absorbidas por el sistema “como anteriormente ocurrió y volverá a ocurrir”.
“Podemos seleccionar a los mejores, pero no van a estar ajenos a las presiones políticas, mediáticas y van a tener sentencias que deben caer bien a uno de los sectores por el temor a ser enjuiciados. Si queremos renovar el Poder Judicial, debemos hablar sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte”, sostuvo.
Durante el debate se pudo observar el internismo en filas del PLRA. Los diputados Víctor Ríos y Antonio Buzarquis argumentaron cuestiones jurídicas para señalar su voto en contra del juicio y lanzaron fuertes críticas hacia el PLRA por estar subalternada a la Junta de Gobierno del Partido Colorado.
Juan Bartolomé Ramírez, Eusebio Alvarenga y Dionisio Amarilla salieron en defensa de las posturas del PLRA y felicitaron al directorio por impulsar el juicio político. Además, criticaron la posición de sus correligionarios.
El diputado del Frente Guasu, Ramón Duarte, pidió tomar una decisión con responsabilidad al señalar que este juicio político es un pedido de una o dos personas, “de los mandamases de turno”. Sostuvo que a los ministros se les tiene que respetar sus derechos constitucionales.
El colorado Walter Harms, líder de la bancada B de la ANR, dejó constancia de que la postura asumida por ese grupo es política y no jurídica. Su correligionario, Dany Durand, reconoció que muchos de sus compañeros sufrieron propuestas de dinero para cambiar su voto, pero que no lo hicieron.
Las acusaciones contra Blanco y Bajac son bastante extensas. En el caso del primero incluyen, entre otros puntos: fallos contra la Constitución y el interés general (prevaricato); pérdida de la honorabilidad y de la dignidad; compraventa de tierras públicas e ignorancia de la ley, etc.
En cuanto a Bajac, citan como causales la utilización de la mentira para acceder al cargo y actitud maliciosa; la causa Zafiro y otras causas vinculadas a narcotraficantes; inconstitucionalidad planteada por la Municipalidad de Juan Manuel Frutos, nepotismo, tráfico de influencias y otros.
La causal en el caso de Garay señala el mal desempeño de funciones, “consistente en una excesiva, irritante y acostumbrada morosidad”.
