El senador Derlis Maidana, titular de la Comisión de Legislación, explicó que el planteamiento concreto es la modificación del artículo 13 de la ley aprobada el año pasado, el cual establece que el 70% de los recursos sean destinados a infraestructura, y lo que hace es agregar que ese dinero también se pueda utilizar “para la adquisición y mantenimiento de equipos de transporte escolar”.
“El principal argumento que impulsa esta reforma sería la baja o nula asistencia en algunos centros educativos y consecuente deserción escolar en algunos municipios. En tal sentido, se hace hincapié en alumnos de bajos recursos, principalmente en zonas rurales, fundamentalmente por las largas distancias que deben recorrer, o la imposibilidad de que sus padres se trasladen hasta dichos centros por las circunstancias laborales”, explicó.
Detalló que la comisión a su cargo agregó otras modificaciones, a recomendación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y estas fueron aprobadas, por lo que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio.
Mencionó también que unos USD 51 millones de este rubro (infraestructura para escuelas) tuvieron un 47% de ejecución, y que, según el MEC, el recorrido de los transportes escolares no debería superar los 10 kilómetros.
“Yo he averiguado, y desde el momento que el MEF garantiza que el programa Hambre Cero está blindado y que el objetivo principal es que los niños coman en las escuelas, naturalmente que lo restante se pueda usar para estos transportes”, dijo, y habló de los niños que ve caminando por las rutas hacia sus escuelas.
Críticas
La senadora Yolanda Paredes habló por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dictaminó en contra del proyecto.
“En primer lugar, es imperativo señalar la ausencia de un estudio de factibilidad riguroso que respalde la propuesta. No se ha presentado un análisis que demuestre la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo, ni el impacto real que tendrá en la universalización equitativa para las instituciones educativas del país”, expresó.
Agregó que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) recomendó no aprobar la propuesta legislativa, y que también se debe considerar la crítica situación de la infraestructura educativa del país, que es fundamental priorizar para resolver los problemas edilicios de las instituciones.
“Muchas escuelas y colegios aún se encuentran en condiciones precarias, sin comedores dignos, con aulas deterioradas, falta de baños sexados, y en muchos casos, con riesgo estructural inclusive”, dijo.
La senadora Esperanza Martínez mostró su desacuerdo también subrayando los serios problemas de infraestructura de las escuelas. “Claro que es necesario un sistema de transporte, pero la manera en que se presenta parece más un negocio para el 2025-2026, donde los municipios que no entraron en el negocio de Hambre Cero, le van a dar ahora los recursos para comprar los ómnibus, sin que haya un plan maestro”, dijo. Luego hubo varios cruces y finalmente se rechazó la iniciativa.
Lizarella Valiente, Norma Aquino, Óscar Cachito Salomón, Juan Afara y José Ledesma fueron los únicos que votaron a favor. Derlis Maidana, quien argumentaba a favor del proyecto, terminó rechazando.
