La Procuraduría General de la República informó que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 12° Turno resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción opuestas como medio general de defensa en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
En ese sentido, señalaron que se consiguió evitar el desembolso millonario de USD 40.463.217, en el marco de una acción promovida el 3 de agosto del año 2022 por los abogados Francisco René y Héctor Rehnfeldt, en nombre de la Asociación de Excombatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989.
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Los demandantes solicitaron el pago de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, poco más de G. 300 millones.
En el juicio, la Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, negó el derecho a resarcimiento que pretendían los excombatientes del Estado paraguayo, debido a que, tanto, las instrumentales acompañadas en la presente demanda, como las pruebas diligenciadas, no aportaron valor, ni fuerza probatoria para acreditar la veracidad de los hechos.
Asimismo, alegaron que la agrupación no tiene legitimación activa, y que sumado a ello, la demanda está prescripta, oponiendo las excepciones de falta de acción y prescripción como medio general de defensa con la contestación de la demanda, logrando finalmente el presente fallo favorable.
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Indemnización por ley
Pese a los esfuerzos de la Procuraduría General, el Congreso ya sancionó una ley de indemnización para unos 1.400 veteranos de 1989 poco antes de las elecciones generales del 2023. El actual mandatario, Santiago Peña, promulgó la ley de indemnización.
El monto establecido por el Senado fue de 750 jornales mínimos para los soldados conscriptos que prestaron servicio en la gesta de 1989, con la que se dio fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner y se instaló la democracia.
La versión original buscaba una indemnización de 2.000 jornales mínimos, pero el Senado finalmente tuvo la última palabra y lo redujo a 750 jornales. Con esto, se cierra cualquier pedido de resarcimiento posterior al Estado.
