El Operativo Veneratio llevado a cabo con bombos y platillos y presentado como un triunfo del Estado sobre el crimen organizado se construía sobre barro, un cimiento que no podía soportar el peso de un sistema de corrupción que se fue transfiriendo al “nuevo modelo”, lo cual queda constatado con la fuga de dos personas privadas de libertad, con ayuda de personal penitenciario.
Posterior al citado operativo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señalaba en su informe la improvisación que conllevaba esa acción, empezando principalmente por no contar con personal calificado para sostener una nueva penitenciaría.
No es ajeno a nadie que desde hace años se viene hablando de infiltración del crimen organizado en filas de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, y al volcar la Dirección de la Inteligencia Penitenciaria a la Policía, también se va instalando un sistema de corrupción independiente, pero que convive con el penitenciario, como es la corrupción policial y en esto, a las pruebas de este mismo caso me remito.
La fuga de Martín Mendoza ya no lleva solo a la destitución de un director de penitenciaría, también arrastra al director general de Institutos Penales y en la mañana del 28 de octubre se amanece con el allanamiento del domicilio del que fuera director de Inteligencia Penitenciaria, un comisario de la Policía, y su posterior detención, y el 29 la constitución fiscal en la Dirección General de Institutos Penales del Ministerio de Justicia y la renuncia por decoro del viceministro de Política Criminal.
“Recaudación Penitenciaria”
Desde antes de la apertura de los penales de máxima seguridad -en las cárceles del país que me toco recorrer- había una denominación común para la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, y en general todos lo señalaban como “recaudación penitenciaria”.
Anteriormente la “recaudación penitenciaria” funcionaba armónicamente con el Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP), que donde realizaban requisas en penitenciarías se denunciaban robos de dinero de PPL de más de 200 millones en efectivo en algunos lugares, en otros 600 millones, además de objetos de valor, según se recogen incluso en informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
A los costos cotidianos de pagos y corrupción de cada penitenciaría con sus agentes penitenciarios, los privados de libertad señalaban que en cada visita de Inteligencia Penitenciaria había que presupuestar siempre algo para los visitantes.
Los teléfonos que eran vendidos por agentes penitenciarios y que tenían una cuota de mantenimiento, si eran descubierto por personas de inteligencia penitenciaria, el costo era mucho mayor, ya no se hablaba de 200 mil, sino de varios millones.
A este sistema de cobro doble por teléfono, por un lado, los agentes locales y por otro las visitas de Inteligencia Penitenciaria, se sumaría el apriete o extorsiones a las PPL para no ser vinculadas con el crimen organizado. Las denuncias señalan que algunos miembros de Inteligencia Penitenciaria amenazaban con enviar a cárceles de máxima seguridad a las PPL que se negaban a pagar lo solicitado y de ser señaladas en listas negras para que se les niegue beneficios establecidos en el Código de Ejecución Penal o en el Código Procesal Penal, ya sean sentenciadas o procesadas.
Mucha de esta corrupción doble se sostiene en un frágil sistema de garantías y una flexibilización de requisitos y a la construcción del fenómeno de “fuente humana” y “razones de seguridad”, razones todopoderosas y sin contraste en muchos de los casos, para justificar arbitrariedades y extorsiones y aceptadas incluso por algunos jueces.
Es importante observar estos fenómenos de corrupción existentes y cómo los mismos se consolidan con flexibilizaciones del derecho. Cuanto más riesgo existe, más importante se vuelve dar garantías de derechos, debido a que esa ecuación lleva a disminuir la discrecionalidad y las posibilidades de corrupción.
La última fuga en Martin Mendoza demuestra que la corrupción goza de muy buena salud y que el crimen organizado sigue permeando nuestras instituciones estatales, que no hacen solo al campo penitenciario, sino a varias instituciones estatales y Ueno es otra muestra de lo saludable de la corrupción estatal.
